Tras el rechazo que generó la centralización en Lugo de las autopsias y del servicio de transporte judicial de cadáveres, la Consellería de Presidencia decidió el pasado agosto que se volviesen a practicar los exámenes forenses en Burela. Ahora anuncia que a partir de junio también volverá a prestarse desde la comarca la recogida de fallecidos que deban ser sometidos a autopsias. Se ocupará de los traslados una funeraria situada en Burela o en un radio no mayor de quince kilómetros de distancia a esa localidad.
A Mariña recupera dos servicios que perdió en abril del 2006, cuando el bipartito PSOE-BNG que ahora rige la Xunta aplicó una norma aprobada por el Ejecutivo autonómico del PP, la de creación del Instituto Medicina Legal de Galicia (Imelga).
Desde entonces se sucedieron las protestas ciudadanas y políticas porque la centralización en Lugo llegó a demorar más de un día la entrega de los cuerpos a las familias, contado desde el momento del fallecimiento hasta el final de la autopsia. También las funerarias mariñanas, al igual que otras de la provincia, la rechazaron, organizando incluso una concentración de coches fúnebres en Foz. Para rebajar al mínimo posible el tiempo, queda ampliar el horario de práctica de autopsias, que ahora abarca de nueve de la mañana a tres de la tarde, todos los días.
Luis Rodríguez Edrosa, delegado lucense de Presidencia, confirmó ayer en Lugo que las autopsias en la provincia se realizarán en la capital, en Burela y en Monforte, donde hasta ahora no se practicaban. En cada una de esas tres áreas contratará a una funeraria para el traslado de cadáveres. Se trata, declaró, de procurar «un servizo máis áxil e de máis calidade».
En 45 minutos
Las funerarias interesadas en la recogida judicial de cadáveres también deberán contar con material y salas apropiadas para los exámenes forenses, por si en algún momento no pueden practicarse en el recinto del Hospital da Costa que Sanidade cede para ese fin a Presidencia. El coche fúnebre tendrá que estar en el lugar donde sea requerido en un máximo de 45 minutos, contados desde que la empresa reciba la llamada. Si la familia lo pide, se ocupará además de la «devolución do cadáver».
Para el transporte judicial de cadáveres en la provincia durante los dos próximos años, Presidencia consigna inicialmente casi 37.000 euros, pero variará en función de los servicios.