Crediges daba un 20% de interés pero su jefa dice que avisaba de los riesgos
Lugo
El fiscal mantuvo que la responsable de la financiera estafó a dos jubilados de Sarria
15 Feb 2013. Actualizado a las 07:00 h.
Crediges, la financiera que montó una luguesa diplomada en estudios financieros que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por un presunto delito continuado de estafa, llegó a ofrecer a sus clientes ganancias de un 20%. María Dolores C. C., la imputada, dijo ayer en el juicio que se celebró en la Audiencia que sus clientes eran informados pormenorizadamente de a dónde iba destinado el dinero que ingresaban en su empresa y también el riesgo que había.
Por la denuncia de dos jubilados de Sarria, que ingresaron 60.000 euros y supuestamente no los recuperaron la responsable de la empresa fue ayer al banquillo. En su momento, otras personas de la zona de Terra Chá y otros lugares de la provincia y de Galicia, denunciaron públicamente haber perdido el dinero depositado. La situación motivó que fueran presentadas numerosas quejas ante la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorro (ADICAE) e incluso denuncias en algunos juzgados.
La filosofía de Crediges, según explicó al tribunal su impulsora, era destinar el dinero que ingresaban los ahorradores a reflotar préstamos de otras personas que, por ejemplo, se encontraban en listas de morosos. Los ahorradores tenían como garantía las propiedades de los deudores con los que trabajaba Crediges. Lo que ocurrió es que muchos de estos no cumplieron con sus obligaciones de devolver el dinero que les dejaron y la empresa de la acusada no pudo cumplir con quienes le hicieron ingresos.
Esa es la versión de la imputada. El fiscal del caso no se la cree y estima que los dos jubilados de Sarria fueron engañados con operaciones golosas.
«Sabían a lo que iba destinado el dinero: se prestaba a personas que tenían problemas y que tenían propiedades», dijo la imputada refiriéndose al matrimonio de Sarria afectado por la presunta estafa. «Es más -añadió- les propusimos que hicieran ellos directamente la operación con un documento en notaría y no quisieron». La acusada explicó que, en todo momento, asumía la devolución.
No es de extrañar que el fiscal llamase golosas las operaciones que se planteaban. Por 4.000 euros se sacaba una rentabilidad de 800 en tres meses. Ese beneficio llegaba en seis meses a 3.600 euros sobre un depósito de 20.000. La rentabilidad oscilaba entre un 7% y un 20%. Por aquel entonces, los bancos daban por un plazo fijo de alrededor de un 5% anual.
«El tiempo -indicó la responsable de Crediges- se ponía en función de las deudas que tenía el cliente. Cada cosa tenía unos plazos», apuntó.
«¿Pero los inversores sabían del riesgo?», le preguntó el fiscal. «Se les informaba antes de cualquier operación», contestó. María Dolores C. C. añadió que ellos (refiriéndose a los denunciantes) siempre cobraron. En este sentido significó que de ocho operaciones que realizaron únicamente dejaron de cobrar cuatro o cinco. «Vinieron siempre a cobrar y algunas veces dejaban el dinero si les interesaba o no. Firmaron siempre que habían cobrado», aclaró. Sin embargo, cuando les dio dos cheques para recuperar la inversión resulta que los ancianos no pudieron cobrarlos. «Les di los talones y les advertí que les avisaría del momento en que hubiera fondos. Fueron al día siguiente a cobrarlos y no pudieron. Yo les dije que esperasen a que les avisase», explicó.
La acusada recordó que a los dos inversores sarrianos les planteó la posibilidad de obtener un chalé en Viveiro tasado en 200.000 euros. Esa oferta era en garantía del dinero que habían entregado en su momento.
«La garantía de las fincas o bienes de quienes pedían dinero a Crediges no valían de nada», dijo el fiscal. «¿Porqué?», le preguntó la acusada. «Pues ya se ve. Nadie cobró. ¿Que valor tenía esa simple mención en un documento privado? Respondió María Dolores C. diciendo que siempre enseñaba los expedientes de las operaciones a los clientes y el acusador público le preguntó si mostraba también los documentos registrales que avalaban la existencia de las propiedades. «Lógicamente sacábamos las notas (de los registros, se refería) antes de empezar cualquier operación para ver si era rentable», aclaró.
En otro momento recordó que los dos afectados eran conocedores de la mecánica. «Estaban encantados; incluso me invitaban a comer. Un familiar quería invertir 180.000. Si tan engañados estaban, ¿Porqué querían seguir invirtiendo más?», explicó en su declaración.