Los usuarios del tren afrontan el último abono gratuito: ¿Qué pasará en enero?

Desde principios de agosto, los usuarios del ferrocarril de media distancia en Galicia comenzaron a adquirir el último abono cuatrimestral para poder viajar gratis en tren, válido desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. El fin de estos títulos multiviaje —y de otras ayudas para el transporte público— alimenta las dudas de los viajeros recurrentes sobre lo que sucederá a partir del 1 de enero del 2024, en un contexto, además, de incertidumbre política.

A los más de 600 millones que cuesta la medida de los abonos gratuitos y otros descuentos ferroviarios hay que añadir 240 millones para financiar el 30 % del descuento en los autobuses de competencia autonómica en el que las comunidades financian el 20 % restante —en el caso de Galicia también hasta fin de año—, y otros 140 millones para descuentos en los sistemas de transporte municipales. A esto se suma la bonificación del 100 % para usuarios recurrentes en las concesiones de autobuses de competencia estatal, pendiente de liquidación para conocer su coste.

Todas estas medidas y otras muchas en ámbitos como el energético o el industrial estaban contenidas en un real decreto publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre, en un contexto de alza de los combustibles y de la electricidad en plena guerra de Ucrania. Es probable que el conflicto continúe en enero del 2024, pero es difícil que las condiciones que motivaron ese real decreto se repliquen para justificar una reedición de la medida que supone un alto coste para las arcas públicas y que no discrimina niveles de renta, una cuestión que fue criticada —con más o menos convencimiento— por partidos de la oposición como el PP. El propio Feijoo dijo en clave irónica durante la campaña electoral que le parecía «un escándalo» que el Gobierno le pagara el tren al presidente de Mercadona, Juan Roig.

Pero tampoco parece posible volver de repente a la situación anterior —es decir, a las tarifas establecidas—, después de haber logrado reclutar a nuevos usuarios para el ferrocarril, que probablemente optaron, en muchos casos, por dejar sus vehículos privados en casa. El uso del ferrocarril aumentó en cifras impensables con los precios o los abonos corrientes. Cerca de 65.000 gallegos se hicieron en las sucesivas tandas con los títulos multiviaje, pese a los problemas con las reservas de asiento y la evidente congestión de las frecuencias en horas punta.

Ocupación alta

Comparando con los datos del 2019, el último año antes de las restricciones de movilidad de la pandemia, el uso del ferrocarril de media distancia —el mayoritario en Galicia, al existir un único polo de cercanías en Ferrolterra— creció un 50 %, aunque en algunos casos se llegó al 75 %. Un éxito si se tiene en cuenta que en cercanías no se llegó a los niveles prepandemia y que en los autobuses estatales los viajeros fueron un 15 % menos que en el 2019 pese a los billetes gratuitos.

El final de la gratuidad coincide además con un momento de transición que puede traer un nuevo Gobierno —del mismo signo o diferente al actual— o unas nuevas elecciones generales, lo que supondría prolongar aún más la interinidad gubernamental. Es muy difícil que un Ejecutivo en funciones pueda decidir si prolonga la vigencia de los abonos o si modifica las condiciones habituales del uso del ferrocarril, pues son medidas con alta repercusión presupuestaria que no están entre las competencias de un Gobierno en funciones. Pero en este punto también hay interpretaciones, pues un Ejecutivo en funciones puede tomar decisiones para mantener el normal funcionamiento de la administración siempre y cuando no comprometan al nuevo Gobierno.

Estas iniciativas para favorecer el transporte público con los precios de los combustibles disparados estaban contenidas en la Ley de Presupuestos. Todo indica que los plazos que ha marcado la presidenta del Congreso obligarán a una prórroga de las cuentas del Estado, pero eso no quiere decir que la partida para sufragar los abonos se prolongue de forma automática, pues está regulada por un real decreto que marca las condiciones y el plazo de la medida, y claramente el final está fijado para el próximo 31 de diciembre. Aunque puede haber diversas interpretaciones jurídicas, fuentes consultadas conocedoras de las condiciones legales de estos abonos aseguran que si hay una prórroga presupuestaria automática «no incluiría la prórroga de un gasto o ayuda con fecha fijada de finalización, a no ser que se estableciese mediante otra disposición legislativa». Además, una ley aprobada en el 2003 especifica que la eventual prórroga «no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo».

Ante el previsible fin de la gratuidad, colectivos como la Plataforma de Usuarios de Media Distancia o Salvar o Tren reclaman que se instaure un nuevo concepto de abono que, aunque no sea gratuito, tenga unas tarifas asequibles, propias de un servicio público, para proteger a los usuarios recurrentes. «Queremos para la media distancia el mismo porcentaje de subvención pública que tienen las cercanías», asegura Iria Méndez, una portavoz de la plataforma.