Las diferencias garantizan un campo de minas en la nueva Junta de Andalucía

El próximo viernes, cuando el popular Juan Manuel Moreno Bonilla tome posesión como el primer presidente de la Junta de Andalucía que no pertenece al PSOE en sus 37 años de autonomía, empezarán cuatro años que se prevén plagados de tensiones para un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en minoría (47 de los 109 escaños), por más que para la investidura cuenten con el sostén de un tercer partido con 12 diputados, Vox.

Por mucho que el PP se esfuerce en trasladar la idea de un gobierno del «cambio tranquilo» por la afinidad con sus socios en la mayor parte de las cuestiones programáticas, lo cierto es que las diferencias entre ellos no hacen sino añadir inestabilidad a un mandato en el que, además, las tres fuerzas tratarán de competir en el nuevo ciclo electoral por un mismo espacio ideológico.

La dirección nacional del PP ya ha dejado muestras en días previos de su interés porque el pacto a tres salga bien y el nuevo Gobierno andaluz se demuestre «eficaz» desde el primer momento, ya que en la mente de todos están las municipales y autonómicas del 26 de mayo. Su intención es que en los primeros cien días no solo se vea que abren ventanas y levantan alfombras de sus antecesores, reduciendo lo que llaman «grasa» de la administración y los chiringuitos socialistas. Quieren que además se lleven a cabo medidas potentes, con bajadas de impuestos o eliminación de algunos tributos que irían ya al primer Consejo de gobierno.

Posible volantazo

La idea es que el pacto andaluz marque el camino de una alianza que el PP quiere clonar en otras regiones. No obstante, hay cierto temor entre los dirigentes populares a que Ciudadanos, que no quiere ninguna foto con Vox, trate de compensar su imagen del pacto con la ultraderecha, como le reprochan sus socios europeos, y dé «un volantazo» acercándose al PSOE en algunas comunidades o urbes.

El primer reto serán los presupuestos del 2019. La región funciona con las cuentas prorrogadas del 2018, 34.759 millones de euros y una masa de 270.101 trabajadores. C’s los pactó con el PSOE y vería con buenos ojos prorrogarlos por su sesgo de centro izquierda, algo a lo que se niega el PP.