Los juzgados practicaron cerca de 500 desahucios en el último lustro

La imagen de una comitiva judicial acompañada de patrullas de la Guardia Civil o Policía Nacional para proceder al desalojo de una vivienda tras un proceso de desahucio es más propia de las grandes ciudades que de pequeñas localidades como las del área barbanzana, sin embargo, eso no quiere decir que ese tipo de escenas no se produzcan ni que la comarca esté libre de procedimientos de este tipo. No en vano, en un lustro se practicaron por parte de los juzgados de la zona cerca de medio millar de lanzamientos.

Los lanzamientos constituyen el último paso de un procedimiento de desahucio y corresponden al momento en el que se efectúa la expulsión forzosa del inquilino de un inmueble, casi siempre debido a impagos, ya sea de la hipoteca o del alquiler. En los tres partidos judiciales que engloba el área barbanzana se practicaron un total de 460 lanzamientos judiciales desde el 2013, y fue precisamente ese año el período en el que se registraron más casos, con 101.

Barbanza pasaba por aquel entonces por los peores momentos de la crisis, y eso tuvo su reflejo en los procedimientos de ejecuciones hipotecarias o por el impago de alquileres, sobre todo en Noia. No en vano, la media anual de lanzamientos en el partido judicial noiés se sitúa en la veintena, pero en el 2013 prácticamente se duplicó y se llevaron a cabo 42.

El 2015 fue el período en el que hubo menos actividad en la zona por esta causa con 78 expedientes ejecutados, mientras que en el 2017 se registró la segunda cifra más elevada, un total de 98, 74 de ellos en Ribeira.

Por partidos judiciales, lógicamente, dado que abarcan más municipios y un volumen de población mucho mayor, fue en los juzgados de Santa Uxía donde se practicaron más lanzamientos, 307, mientras que en Noia fueron 129 y en Muros, apenas 24.

Dos causas

Aunque los datos del Consejo General del Poder Judicial reservan una casilla para el apartado «otros», la mayor parte de los lanzamientos corresponden a dos tipos de procedimientos: como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria o derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El segundo es el caso más habitual en territorio barbanzano, como demuestran los datos (233 frente a los 190 desahucios por impago de hipotecas). El abogado Pablo Ferreirós lo confirma y apunta que el procedimiento de ejecución hipotecaria es más frecuente en las grandes ciudades, es más largo y suele estar precedido de una negociación entre la entidad bancaria y el cliente que acaba en acuerdo.

En cuanto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, explica que puede aplicarse bien por impago, o bien porque el contrato de alquiler haya expirado y el inquilino se niegue a marcharse. En estas situaciones, el procedimiento es más rápido y se puso en marcha en el 2013, precisamente, para agilizar los desahucios.

Una vez admitida la demanda, el juez da un plazo al arrendatario para alegar lo que estime oportuno y fija la fecha del lanzamiento. Si el inquilino se opone, se celebra un juicio, y si no lo hace, el proceso sigue su curso y se procede al desalojo. Los casos más problemáticos se producen cuando el arrendatario está en una situación de emergencia, en cuyo caso la ley prevé que se notifique a los servicios sociales para que busquen una alternativa.

Las entidades sociales constatan que la demanda de ayuda para vivienda se mantiene

Entidades como Cáritas constituyeron durante los peores momentos de la crisis el pilar que sostuvo a muchas familias de la comarca, y aunque la situación general ha mejorado, continúan siéndolo para muchos. Si bien la cifra de beneficiarios que demandan ayuda se ha reducido ligeramente, sus necesidades son muchas y graves, y entre ellas destaca la solicitud de recursos para pagar su vivienda habitual.

En este sentido hablaba el presidente de Cáritas de Noia, Juan Carlos Pérez. La entidad colabora en el pago del alquiler a familias sin recursos, una necesidad que, explica, se mantiene en unos niveles de demanda similares a los de años precedentes: «Hace unos días pagamos tres alquileres y ahora se está tramitando otro par. Y el año pasado abonamos alrededor de 3.600 euros en arrendamientos». En relación con esto explica que a las mensualidades por vivienda y las facturas de electricidad se suman las peticiones de ayuda para hacer frente a gastos como las tasas por el suministro de agua o la recogida de basura.

Invisibles (Sálvora)

A la vista de los datos, la mayoría de los procesos de desahucio en la comarca pasan desapercibidos. No hay presencia policial ni cámaras que capten el drama de las familias, con lo cual se convierten en invisibles. Por buscar un lado bueno al asunto, los casos que se dan en la zona están lejos de los números de otros puntos de Galicia y, por pequeño que sea, es un alivio.