Tanto la Asesoría Jurídica del Concello como el Servicio de Fiscalización han advertido al gobierno local, en sendos informes, del «riesgo» que supone la contratación del 010. Si el Ayuntamiento necesita atención telefónica de forma permanente, ¿por qué se deja en manos de una empresa privada? Un técnico de Intervención señala en su escrito que el Tribunal de Cuentas ha instado a evitar «el recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales». La propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana es que la nueva adjudicataria del servicio se haga cargo de los trabajadores que están en la empresa cesante y esto «puede dar lugar a la consideración del contrato como una cesión ilegal de trabajadores al Concello». En similares términos, el asesor jurídico sostiene en su informe que pedirle a la nueva adjudicataria que asuma el personal de la vieja es algo contrario a la ley, que establece que «a la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso, la consolidación de las personas que realizaran los trabajos objeto del contrato».