La Xunta emitió una resolución hace cuatro años, tras sendas denuncias presentadas por Luita Verde y un particular, obligando a la empresa moañesa de excavaciones Excongal a pagar 130.000 euros de multa por hacer un gran depósito de tierra en el área de protección del petroglifo de Pozo Garrido. Le exigía también retirar los vertidos, retranquear el muro de contención que había levantado y la limpieza y vallado del yacimiento. Ninguna de las indicaciones se ha cumplido, salvo la retirada de las piedras más próximas al yacimiento, según denuncia Luita Verde, que advierte sobre el estado de «abandono e degradación» del petroglifo. Excongal recurrió. Patrimonio desestimó sus alegaciones y en octubre del año pasado ratificó la resolución, pero la sanción está todavía pendiente de pago. Le obligó también a presentar un nuevo proyecto arqueológico.
Luita Verde acudió al fiscal al entender que la Xunta no estaba actuando conforme a la ley. Su denuncia fue archivada al entender que el «ataque» al petroglifo «no rebasa el ilícito administrativo» y que, además, según la información que le aportó el arqueólogo de Patrimonio en julio del 2010, Excongal había retranqueado el muro y recuperado la topografía original. El grupo ecologista niega que se haya hecho lo que indica el citado arqueólogo. «Al fiscal le enviaron informes falsos, pero los dio por buenos», afirma Ricardo Sánchez, miembro de Luita Verde.
El colectivo también acudió al Valedor do Pobo, que requirió información a la Xunta sobre las actuaciones realizadas en el entorno del petroglifo. «Na tramitación deste expediente por parte da consellería téñense producido una serie de anomalías que fan a situación especialmente grave», afirma el Valedor.