Operarios de una empresa tomaron ayer en la finca de Matías, ajenos al hecho de que el Concello no ha resuelto el concurso
En plena ebullición originada por la adjudicación de un proyecto millonario en el parque de Castrelos a la firma que dirige la portavoz del PSOE un caso también polémico ha surgido en el otro extremo de la ciudad. Esta vez difícilmente el alcalde socialista o un concejal de este grupo podrá aludir a la legalidad de la actuación municipal.
Lo ocurrido en la finca Matías, nombre popular de la zona verde encajada entre la Travesía de Vigo y la calle Aragón, es más o menos lo que sigue. El Concello decidió acondicionar este parque mediante un proyecto valorado en 91.000 euros. Para ello convocó un procedimiento negociado con publicidad al que, sorprendentemente, solo concurrieron dos empresas: Sercoysa y Movexvial.
El viernes se convocó la mesa de contratación para la apertura de las ofertas económicas y realizar una propuesta de adjudicación. Contra pronóstico, el proceso se paralizó a la espera de un informe de Intervención. Quizás esta circunstancia no trascendió en los vericuetos de la administración municipal, pero lo cierto es que ayer el parque estaba vallado y varios operarios trabajaban en su reforma como constatan las fotografías realizadas por la oposición popular.
Según parece, de las dos ofertas presentadas la más barata es la de Sercoysa, por lo que con seguridad se llevará el gato al agua cuando se produzca la adjudicación oficial. En ese momento, si se mantiene la actual actividad, las obras estarán ya muy avanzadas.
El PP consideró ayer que lo ocurrido «podría rozar la ilegalidad» ya que «desde hace varias semanas se ejecutan las obras de la finca Matías sin que exista adjudicación ni el informe previo de fiscalización imprescindible para llevarlas a cabo».
Por esta razón los populares han preguntado al alcalde si dio autorización para llevarlas a cabo. Aprovecha para denunciar «la sospechosa celeridad y urgenica con que se tramitan ciertos expedientes que resultan escandalosos en su procedimiento, cuando la pulcritud y la exposición pública deberían primar en el proceso administrativo». El PP, en cualquier caso, no identifica esos ciertos expedientes a los que alude.
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