Técnicos del Concello aceptan legalizar los apartoteles de Samil como «centro hostelero»
VIGO CIUDAD
El informe elaborado en marzo del pasado año por una arquitecta municipal confirma la viabilidad de las aspiraciones de los propietarios de los 180 apartamentos de Samil amenazados de derribo. Según los afectados y su abogado, dicho informe tiene un valor crucial en el enfrentamiento que mantienen con Urbanismo ya que, entienden, daría vía libre a la legalización.
La conclusión de dicho dictamen se ajusta a lo declarado la pasada semana por el concejal de Urbanismo. Según la arquitecta, «comparando os parámetros principais da ordenanza de aplicación segundo Plan Xeral vixente e a edificación resultante tras as obras propostas no proxecto obxecto de análise (destinado a lograr una nueva licencia) cabe concluír que as edificacións son compatibles coa ordenación establecida e o Plan vixente, e por tanto legalizables como establecemento hostaleiro de apartamentos turísticos».
En suma, lo que los afectados pretenden con su demanda de nueva licencia es paralizar la sentencia que ordena el derribo, dictada hace más de una década, pero reactivada ahora por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dicha instancia judicial envió recientemente un auto al Concello en el que le ordenaba ejecutar el derribo de los cinco edificios en el plazo de diez días.
Vía libre
La reacción del alcalde y del concejal de Urbanismo fue inmediata. Decidieron no presentar recurso contra este auto, encargaron un proyecto de demolición y anunciaron que el proceso para llevarla a cabo estaría finalizado en los primeros días de febrero.
El mensaje que enviaron a los propietarios, y también al promotor, que es titular todavía de unos 80 apartamentos, era que gestionaran con el juez la paralización de la orden de demolición demostrando que los inmuebles estaban en vías de convertirse en un apartotel real.
Más directamente, Mariño les sugirió que las alrededor de 70 familias que residen allí permanentemente las abandonaran para dejar clara su voluntad de darle a los inmuebles la única actividad legalmente posible que es la hostelera.
Esta propuesta cayó como una bomba entre las familias afectadas y fue rechazada en la asamblea celebrada en la noche del pasado viernes. Por el contrario, la defensa jurídica de los propietarios de los inmuebles irá dirigida a conseguir una nueva licencia de obra a fin de paralizar la orden judicial de demolición. Para una fase posterior queda el espinoso asunto de su conversión en apartotel, que por el momento quieren aparcar.
El problema radica en que Urbanismo rechaza que pueda concederse de manera separada la licencia de obra sin resolver antes la de actividad, con lo que el contencioso parece bloqueado mientras existe la amenaza real de una orden de demolición.
Quien no se ha pronunciado hasta ahora es el promotor, quien ha contratado para defenderlo a un conocido bufete nacional con delegación en Vigo. Casal Carreiro solicitó hace dos años la nueva licencia una vez aprobado el vigente Plan Xeral, solicitud que generó el informe de la arquitecta municipal que los afectados consideran es un aval para evitar la demolición.
En estos dos años de nuevo Plan Xeral el Concello he logrado la legalización del edificio de Jacinto Benavente, igualmente con cerca de 200 pisos.