El Concello de Vigo asegura que cumplirá la decisión judicial de derribar los apartoteles de Samil
VIGO CIUDAD
«Vamos a cumplir la decisión judicial de derribar, tal y como nos demandan, los apartoteles en las condiciones en las que la sentencia establece». Con estas palabras el alcalde de Vigo daba a entender claramente la decisión del Concello de acatar la notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ordenó el derribo de cinco bloques de apartoteles en la playa de Samil en el plazo máximo de diez días.
Sin embargo, acto seguido se negó a confirmar si presentará un recurso de súplica para salvar los 180 apartamentos y, en este sentido, añadió: «Los técnicos jurídicos del Concello pasarán un informe que analizaremos, pero en ningún caso vamos a defender, ni siquiera formalmente, un pelotazo».
Sobre la fecha en que decidirá si recurre o no respondió: «Será cuando llegue el momento».
El alcalde insistió en que se va a restaurar la legalidad urbanística en el Concello de Vigo para que nunca más sea vulnerable. A su juicio, el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal marcó un antes y un después y, por si hubiera dudas, destacó que en este momento serán acatadas todas las órdenes judiciales de derribo porque «el tiempo de respeto a los pelotazos urbanísticos en esta ciudad concluyó».
Según Caballero, todos los ciudadanos tienen que ser tratados por el mismo rasero, algo con lo que no coinciden los propietarios de los apartoteles, quienes recuerdan que ha habido casos en los que el Concello ha librado a ciertos inmuebles de la demolición. Tales insinuaciones se refieren a los intentos de legalizar un inmueble en la calle Jacinto Benavente, que con cerca de un centenar de vecinos está pendiente de la última palabra del tribunal gallego, y a otra operación similar efectuada recientemente con las torres Ifer. En ambos casos se ha tratado de legalizar con su adaptación al nuevo Plan General de Urbanismo, aprobado en diciembre del 2007. Ayer, el portavoz de la oposición municipal del PP, José Manuel Figueroa, reprochó al gobierno local que a la paralización que sufre el citado plan se echa ahora más gasolina para agravar los problemas.
Recordó que los grupos políticos que gobiernan en la actualidad el Concello de Vigo lo hacían también cuando se dio la licencia a los apartoteles y que, incluso, uno de los concejales socialistas forma parte de la corporación actual.
Figueroa lamentó que no se trate de encontrar una solución, cuando en la actualidad residen familias en los inmuebles que obraron de buena fe.
En opinión del PP, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo está paralizada y actúa sin rumbo. Como muestra, el concejal citó las seis mil viviendas de protección oficial prometidas en el último Plan Xeral, de las que hasta el momento no se ha vuelto a saber más. También aludió al parón que sufre el sector de la construcción.