Caballero podrá finalmente inaugurar la rotonda del Bicentenario el 27 de octubre. El enfrentamiento por la construcción por parte del Concello de una glorieta junto al Castro sin control arqueológico entró ayer en su recta final ya que el alcalde ha logrado concluirla sin aceptar la paralización dictada por la Consellería de Cultura. Desde el lado autonómico se aceptó ayer la realidad de que la glorieta está casi terminada y desde luego el trabajo en el subsuelo, por lo que anuló la orden de paralización.
Sin embargo, la Dirección Xeral de Patrimonio abrió un expediente administrativo al Concello por no llevar a cabo el control arqueológico que había exigido la Xunta al autorizar las obras. Fuentes autonómicas precisaron que la infracción cometida por el Concello puede dar lugar a una sanción económica cuyo importe máximo es de 150.000 euros.
Por parte municipal, el alcalde también dio la polémica por concluida. Al mediodía aseguró que los técnicos municipales habían emitido un informe que de inmediato remitieron a la Xunta. Según Caballero los trabajos se han desarrollado con normalidad y atribuyó la orden de paralización a una decisión directa del presidente Feijoo.
Una posición muy diferente mantiene la Xunta, que insiste en que se han producido irregularidades. Sin embargo, no ha tenido otro remedio que levantar la orden de paralización ante la evidencia de los hechos consumados. Fuentes autonómicas mantienen que en la construcción de la glorieta han intervenido tres empresas distintas «que han actuado de forma descoordinada».
La Xunta admite que una de ellas sí realizó la investigación arqueológica, pero no las demás o al menos no ha sido justificado. Por este motivo abre un expediente administrativo partiendo de la base de que se ha cometido una infracción grave, lo que podría acarrear una elevada sanción. También mantiene que a las tres de la tarde no tenían noticia del informe que supuestamente había enviado el Concello, que Caballero tampoco quiso entregar a este periódico.
Previamente, a media mañana funcionarios de la Xunta se personaron en la rotonda «tras una período prudencia» desde la paralización de las obras decidida el pasado viernes. Lógicamente, comprobaron sobre el terreno la evidencia de que está prácticamente terminada.
La Xunta asume que dicha orden «ha sido desobedecida; no fue acatada y solo quedan por realizar trabajos en la superficie», mientras que lo que Patrimonio quería proteger son posibles restos existentes en el subsuelo. Por su parte, la delegada de la Xunta, Lucía Molares, negó que quisieran paralizar la rotonda. «Actuamos por responsabilidade ante unha cuestión técnica na que se segue o procedemento administrativo habitual. O alcalde busca polemizar para esconder unha neglixencia que poder costarlle aos vigueses 150.000 euros», concluyó.