El Puerto rebaja a más de la mitad el alquiler de 58 naves de Bouzas, vacías desde el 2008, para conseguir su ocupación

M. S. D. VIGO/LA VOZ.

VIGO

10 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La Autoridad Portuaria de Vigo desbloqueó ayer la ocupación de 58 naves industriales que nunca han llegado a ser estrenadas, pese a que su construcción finalizó en verano del 2008.

Tras una reunión mantenida por la presidenta del puerto, Corina Porro, con la Cooperativa de Armadores de Vigo, el elevado precio exigido para la explotación de los almacenes ha dejado de ser un problema. Hasta ahora, el alquiler de cada uno de los locales tenía un coste establecido por ley de 77,16 euros por metro cuadrado y año. Según informó ayer la Autoridad Portuaria viguesa, con la aprobación y aplicación de la nueva Ley de Puertos, a partir del próximo 1 de enero del 2011, entrarán en vigor las nuevas tarifas para la ocupación de las naves, con tasas que se reducirán hasta los 35,30 euros por metro cuadrado y año. Es decir, menos de la mitad de la cuantía establecida hasta ahora.

Esta medida es de extrema importancia para los empresarios de la pesca y socios de la Cooperativa de Armadores dada la situación económica de crisis que se está atravesando», afirmaba ayer la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Precio inaccesible

La infraestructura logística que a partir del año próximo comenzarán a utilizar los armadores fue construida durante la presidencia de Abel caballero al frente del puerto de Vigo e inauguradas en septiembre del año 2008 (en aquel momento estuvieron presentes el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Paz; la ex conselleira de Política Territorial, María José Caride; el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el ex presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, entre otras autoridades), pero las instalaciones nunca fueron abiertas ni usadas por sus destinatarios. Su coste total rondó ya entonces los cinco millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Pero su explotación alcanzó un canon público fijado por ley tan elevado, que hizo inviable económicamente el uso por sus destinatarios, los armadores, a pesar de su necesidad.