Al otro edil implicado en la trama, que reconoció su participación, se le impone una sanción de 135.000 euros.
08 sep 2010 . Actualizado a las 15:25 h.El caso Gondomar ya tiene sentencia. Esta mañana la sección quinta de la Audiencia Provincial ha dado a conocer las penas establecidas para los tres implicados en la trama, dos ex concejales populares y un arquitecto a los que el jurado popular consideró culpables de un delito de cohecho por al solicitar dinero a cambio de su apoyo a proyectos urbanísticos.
La mayor pena recae en el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, el único que mantuvo durante el juicio que era inocente. A Gómez se le inhabilita un año para ocupar cargos públicos y se le impone una multa de 540.000 euros, una pena que se redujo casi a la mitad ya que se pedía inicialmente en torno al millón de euros.
Al otro concejal imputado, José Luis Mosquera, se le impone la multa de 135.000 euros que solicitaba la fiscalía y se le inhabilita durante cinco meses para desempeñar cargos públicos. Por último, al arquitecto Borja Ramilo, se le impone una multa de 67.500 euros y se le impide trabajar durante cinco meses para administraciones públicas.
El abogado del ex concejal de Urbanismo ya ha anunciado tras recoger la sentencia en los juzgados de Vigo su intención de presentar un recurso.
La trama
El caso de la trama urbanística de Gondomar fue desvelado por un empresario vigués, intermediario de una de las urbanizaciones que se pretendían llevar a cabo en la villa, quien se prestó, tras presentar la denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta algunas de las reuniones llevadas a cabo con los ediles y el arquitecto en las que estos le habrían solicitado dinero a cambio de allanar el camino en el Concello a uno de dichos proyectos inmobiliarios.
Una sucesión de llamadas intervenidas judicialmente y la grabación de la petición del cohecho desde una cámara oculta en un botón de una chaqueta desencadenaron las detenciones el 14 de febrero del 2007. Dos de los inculpados fueron cogidos con las manos en la masa. El entonces concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y su pareja, Belén Fernández, recibían aquella noche en la cafetería de un céntrico hotel de Vigo un paquete con 60.000 euros en concepto del primer pago por incluir en el nuevo Plan Xeral de la localidad el permiso para construir en una finca de 33.335 metros cuadrados. El segundo pago se libraría con la aprobación por parte de la Xunta del PXOM.
La sentencia reconoce la inocencia de la ex novia de uno de los concejales, Belén Fernández, a la que al inicio del juicio se le pedía una sanción de 135.000 euros.