«Nos echaron a mí y a otros 14 compañeros de Povisa tras asegurarnos una reubicación»
VIGO
Manuel Barbosa de 48 años se encuentra en el paro porque desde Povisa, su lugar de trabajo durante 23 años, decidieron prescindir de él y de otros catorce compañeros alegando razones que Manuel considera «injustas y engañosas». Sin estudios y con una minusvalía está convencido de que su vida laboral ha finalizado, pide que, al menos, se le de lo que por ley le pertenece.
Todo empezó cuando comenzaron a digitalizar los documentos de archivo, departamento en el que trabajaba, y su tarea se vio reducida a la sexta parte. No obstante, desde la empresa se les prometió a él y a sus compañeros, una reubicación en otro puesto. Pero el 5 de mayo recibieron una desagradable sorpresa: «Nos echaron a la calle y nos pagaban 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades cuando nos pertenecían por lo menos otros tantos», afirma.
Desde ese día, él y sus compañeros, entre ellos una viuda con tres hijos a su cargo, se movilizaron para conseguir sus derechos como trabajadores. Al principio usaron el diálogo entre comités y el consejero delegado de Povisa, José Bernardo Silveira, pero según Manuel «el comité estaba dividido y desde la empresa nos amenazaron con restarle el sueldo a los otros trabajadores si nos readmitían, a modo de chantaje».
Al no obtener resultados, Manuel y sus compañeros empezaron con las movilizaciones físicas, pero no surtieron efecto y muchos compañeros tiraron la toalla, ahora son unos cuatro los que todavía no desisten protestando ante las puertas del centro médico.
En el despido figuran motivos como la falta de cargo de trabajo, factores económicos o de protección de datos. Manuel asegura que no demostraron estas razones: «Nos podían reubicar en otro puesto perfectamente por ejemplo en limpieza o almacén y no presentaron un balance económico que demostrase que generásemos pérdidas». El parado explica que desde la empresa se amparan en el despido objetivo para «robarles» el dinero que les pertenece y que ni desde la Xunta ni el Concello han escuchado sus peticiones.
Los juicios comenzarán en septiembre, pero él no tiene la intención de esperar con los brazos cruzados y amenaza con encadenarse delante del centro porque guarda poca confianza en la justicia aunque tenga esperanzas de que su perseverancia se haga visible ya que «los medios de comunicación no quieren contar nuestra historia». Lo que más lamenta es el «engaño» al que se vieron sometidos él y sus 14 compañeros que llevaban toda la vida en la empresa.