Exigen la subasta del chalé de un estafador para recuperar 30.000 euros

El abogado Jaime Barreras solicitará la subasta pública del chalé del antiguo comercial de la empresa Afinsa Bienes Tangibles, Miguel Ángel Surís Barándón. El chalé ubicado en la zona de San Paio de Navia está embargado como garantía del pago de los 30.000 euros que fueron estafados por Surís a María Chamorro, una trabajadora de Povisa que confío en él sus ahorros para que los invirtiese en sellos.

El copropietario de la casa fue condenado por la Audiencia a dos años de prisión por falsedad y estafa, una condena exigua a juicio del letrado de la víctima, que pedía para él diez años de cárcel ya que la estafada perdió todos su ahorros y por ello no ha podido apelar al Supremo como hubiera querido. Surís ingresaba más de seis mil euros al mes vendiendo sellos de Afinsa. Esta sociedad dejó sin ahorros a 190.000 españoles, 10.000 de ellos gallegos. Y entre ellos estaba la viguesa María Chamorro. El tribunal impuso al condenado que abonase los 30.000 euros a su víctima y le ha sancionó con 1.890 euros de multa. pero Surís no ha pagado, según el abogado Jaime Barreras, y por eso María Chamorro instó el embargo de la vivienda y ahora propondrá la ejecución de la sentencia para lo cual instará la subasta de la vivienda.

María Chamorro entregó el dinero a Surís el 29 de junio del año 2005 y suscribió presuntamente un contrato con Afinsa. Surís se aprovechó de que una persona de su entorno era compañera de trabajo de María Chamorro en Povisa para granjearse la confianza de la inversora.

Intervención

Una vez que Afinsa fue intervenida judicialmente el 9 de mayo del año 2006, María Chamorro se encontró con la sorpresa de que no aparecía en la lista de los damnificados que elaboraron los interventores y se querelló contra el agente comercial, que negó en el juicio haberse quedado el dinero. Surís aseguró que él entregó los 30.000 en las oficinas que la empresa tenía en Vigo.

Pero la sentencia probó que el comercial elaboró contratos «mendaces» que no era los oficiales de Afinsa. Así lo corroboraron en el juicio el que fue director de la oficina de Vigo, Rodolfo Serodio Pérez y la directora de Afinsa en Galicia, Concepción Villamarín. En los contratos falsos figuraba un antiguo domicilio social de Madrid en lugar del auténtico.