El texto urbanístico acumula casi un centenar de recursos sin que la asesoría jurídica municipal tenga medios para resolverlos
27 jun 2010 . Actualizado a las 02:05 h.Como era de esperar, el balance que el Gobierno municipal vigués hizo esta semana sobre sus tres años de gestión no pudo ser más triunfalista. Evidentemente, su trabajo cuenta con aspectos positivos, faltaría más, y en amplificar los logros y los que se quieren vender como tales ya se afana la máquina propagandística que mueve los hilos desde el entorno de la alcaldía.
Pero si hay que dejar margen al reconocimiento, con la misma lógica cabría decir que alguno debería haber también para la autocrítica. Y si no se hace de puertas hacia afuera, que dentro haya constancia de que se quiere mejorar y se detecta donde están las carencias o los fallos.
Desde aquí se puede plantear un ejemplo. El urbanismo ha sido uno de los pilares sobre los que Abel Caballero ha querido levantar su mandato. Según los augurios del alcalde y catedrático, Vigo debería estar ahora plagado de grúas levantando edificios por toda la ciudad. Él aseguró que el Plan General cambiaría Vigo, y que además se dotaba por primera vez al urbanismo local de la seguridad jurídica de la que nunca disfrutó.
Pues bien, ni las construcciones han tomado la calle, afortunadamente para entornos como el de la plaza de España, ni la seguridad jurídica del Plan se antoja tal. El servicio de Asesoría Jurídica del Concello no puede dar fe de este último aspecto.
Los menguadísimos efectivos de dicha área no saben qué hacer ante los más de 120 recursos que se acumulan en sus oficinas sin que haya tiempo material y manos para resolverlos. De ese centenar largo de recursos, más de ochenta tienen aspectos y ámbitos del Plan General como objeto de contestación legal. Y como no ocurre como en otras ocasiones, en las que se han consignado fajos de recursos copiados y entregados para entorpecer un determinado proyecto urbanístico, a la Asesoría no le queda más remedio ahora que estudiar e intentar contestar uno a uno. Pero como no hay efectivos para conocer en profundidad todos los casos, muchos corren el riesgo de dar la razón al recurrente por mera incomparecencia del Ayuntamiento en la pelea legal.
La seguridad jurídica del Plan General no es tal en la práctica y todo porque ni el trabajo de la Asesoría Jurídica se puede vender en una exposición electoral para ganar votos o tratar de conservarlos, ni parece que requiera la atención del Gobierno municipal, pese a estar lleno de concejales con dedicación exclusiva, a los que además les molesta que se haga público lo que cobran de verdad.
Por esa dejadez organizativa, el poder legal de Corina Porro siguió siendo válido en los asuntos jurídicos municipales hasta dos años después de haber dejado la alcaldía; los abogados y procuradores contratados por el Concello han tenido casi que echar mano del cobrador del frac, o los letrados del Concello pierden gran parte de su tiempo tasando desperfectos en el mobiliario o siendo movidos como peones en las guerras de entre alcaldía y puerto.
Todo eso no lo habrán visto ni leído ustedes en el balance de tres años de Gobierno, pero tampoco en la valoración que del mismo período ha hecho la oposición. Lo cual es doblemente preocupante.