Absuelto el ex alcalde de Cangas de la prevaricación que le imputó Abalo

J. Santos CANGAS/LA VOZ.

VIGO

22 jun 2010 . Actualizado a las 12:00 h.

La Audiencia Provincial absolvió al ex alcalde cangués José Enrique Sotelo de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público por los que le había denunciado el concejal Mariano Abalo por firmar un un informe que justificaba la solvencia técnica y la experiencia en la gestión de parquímetros de la empresa Hixienes SL, que dicha sociedad utilizó para presentarse a un concurso público para la gestión de estas instalaciones en el Ayuntamiento de Madrid, concurso que ganó conjuntamente con otra empresa, Sufi SA.

El representante de Hixienes era un hermano del que fue diputado popular Juan Manuel Casares, quien coincidió con Sotelo en su etapa parlamentaria.

Limpieza del auditorio

En su declaración, el ex alcalde dijo que el representante de la empresa llamó al Concello para solicitar que se le acreditase el trabajo que estaba realizando en ese momento, en el año 2005.

Entonces, Hixienes realizaba, aunque sin contrato, la limpieza del auditorio municipal por medio de su filial Limpiezas Faro y había realizado un informe sobre la viabilidad del párking subterráneo que el gobierno cangués pretendía construir al sur del consistorio.

Fue un proyecto que quedó paralizado a causa del canon que pedía Costas.

La denuncia de Abalo fue sobreseída por el juzgado de Cangas el pasado año tras la petición del fiscal, que no observaba delito en la actuación de Sotelo, ya que no lo consideraba un documento suficiente para acreditar la solvencia de Hixienes.

El juez consideró probado que Hixienes SL había asesorado al Concello, si bien calificaba de «falta de precisión» la mención del entonces alcalde en su informe a la labor de gestión de aparcamientos de vehículos.

No entendió, sin embargo, que hubiese intención de favorecer a la citada empresa en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid.

Abalo recurrió el sobreseimiento de su denuncia ante la Audiencia, que considera que «con independencia de que determinados datos que figuran en el informe no se corresponden con la realidad», el informe de Sotelo no era vinculante ni cabe afirmar que lo firmase «con conciencia y voluntad de cambiar la realidad», por lo que, concluye, no puede considerarse que exista un delito de falsedad en documento público.

Pagos sin contrato

Abalo también acusaba a Sotelo de prevaricación por darle el visto bueno al pago de facturas presentadas por Limpiezas Faro sin que existiese un contrato para la limpieza del auditorio.

El juez también desestimó esta acusación. Considera que no consta que se hubiesen eludido los principios de publicidad , ya que el Concello sí había promovido un concurso público, aunque quedó desierto.

El juez entiende que para que exista prevaricación, debe haber un «ataque consciente y grave», «una intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado».