El juicio del caso Gondomar deja en el aire la incógnita sobre el papel de los grupos políticos en arreglos urbanísticos
07 jun 2010 . Actualizado a las 12:06 h.El Val Miñor es políticamente desde el comienzo de la democracia una de las comarcas más convulsas, atomizadas, oscurantistas y enrarecidas de cuantas forman Galicia. Sus corporaciones siempre han estado trufadas de grupos políticos eufemísticamente independientes que han condicionado el devenir de los acuerdos políticos con mociones de censura y el surgimiento de tránsfugas casi siempre guiados por una visión de la gestión municipal demasiado personal. Y es en ese caldo de cultivo sobre el que ahora fermentarán las frases que esta semana se han escuchado por activa y por pasiva en sede judicial. La vista del caso Gondomar se ha convertido en la plataforma sobre la que se ha erigido la duda sobre cómo se alcanzan los acuerdos urbanísticos en nuestros municipios, si estos proporcionan beneficios a los políticos que votan el desarrollo de los planes generales y si el ladrillo da sombra a los partidos para afrontar de forma más cómoda sus gastos.
Del testimonio del portavoz del PP y edil de Cultura en Gondomar hasta el 2007, José Luis Mosquera, se podría deducir que así es. Ya no es que el edil considerado culpable asegurase que parte del dinero que se exigía a tres promociones urbanísticas iba a ser destinado al pago de la campaña electoral del PP local y a la de los ex socialistas de Move Gondomar. Siendo grave dicha aseveración ante el estrado de la Justicia, lo es más haber afirmado que el desarrollo de las construcciones proyectadas estaban garantizadas porque su aprobación estaba pactada con la práctica totalidad de los grupos políticos de la corporación gracias «a un cambio de cromos por detrás» para sacar adelante las edificaciones sobre las que cada partido tenía intereses.
Esa estrategia política no ocupó el asunto del juicio del que solo quedan por saber las penas, pero deja encima de la mesa de fiscales y de la Administración gallega la necesidad, e incluso obligación, de averiguar qué hay de cierto en ese reparto de intereses y en ese impulso a las fincas de los amigos a las que Mosquera aludió tanto en el juicio como en las conversaciones telefónicas que le fueron grabadas. Si su verdad es tenida en cuenta para inculpar a los otros acusados, por qué no se van a creer sus argumentos de que todos, o casi todos, comían tarta de ladrillo en Gondomar.