crónica «La prórroga del contrato de Aqualia es sospechosa»

Caballero debe ceder a la Xunta los terrenos para la ampliación de la depuradora. La idea del alcalde es que el Concello no los expropie con fondos propios sino que Aqualia, actual concesionaria, los adquiera y los ceda después al Concello. A cambio, el gobierno vigués prorrogaría un contrato que se encuentra en su tramo final ya que acabará en 2015.

Esta operación no le ha gustado ni un pelo al PP, que ayer expresó dudas sobre sus verdaderos objetivos. «Es sospechoso que ahora que acaba el mandato el alcalde se descuelgue con una ampliación de contrato a cambio de recibir no se sabe qué. Nos parece muy grave», afirmó ayer su portavoz municipal, José Manuel Figueroa. Más lejos todavía, llegó a decir que «no sabemos que otros intereses defenderá con esta medida, desde luego no los de los ciudadanos de Vigo».

El PP cree que no es la única operación en esta línea. A su juicio, también se está negociando con Vitrasa una ampliación de su contrato, aunque no finaliza hasta dentro de casi veinte años. En este caso lo que buscaría el Concello sería mejorar la red de líneas y un mejor servicio sin realizar desembolsos económicos. Para Figueroa es una mala solución: «Los contratos están para cumplirlos y cuando acaban se convoca un nuevo contrato fomentando la concurrencia, que es lo más beneficioso», asegura.

Desde su punto de vista, «el alcalde está entregado a las empresas y a los concesionarios, a los que favorece en detrimento de los intereses generales. Tendrá que decirnos que defiende pues existe el precedente del auditorio, donde se arrodilló ante la empresa y a cambio la ciudad tendrá un miniaparcamiento en lugar del previsto de más de 400 plazas».

Cidade da Xustiza

Además de estas prórrogas, la oposición denunció ayer lo que considera falacia del inicio del expediente de expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza. «El alcalde ha llevado a la Gerencia de Urbanismo el inicio del expediente, un folio y medio en el que dice que van a empezar. Para eso no hace falta llevarlo a ningún sitio, simplemente un decreto ordenándolo. A la Gerencia tienen que llevar el expediente resuelto, algo que ya podían haber hecho en tres años de gobierno y una vez transcurridos casi dos desde que entró en vigor el Plan Xeral», explicó Figueroa.

A su juicio lo ocurrido «es una tomadura de pelo a la ciudadanía por parte de un alcalde que sigue enredando y engañando. Es la única forma de interpretar el anuncio de que inician un expediente para hacerse con los terrenos por cualquier medio de los previstos en la ley. Es como no decir nada y ya al final del mandato. ¿De qué otra forma se iban a conseguir?», se preguntó el portavoz popular.