El Concello venderá parcelas para pagar deudas urbanísticas y seguir invirtiendo antes de las elecciones
VIGO
El gobierno PSOE-BNG de Abel Caballero ha encontrado una fórmula jurídica para evitar incluir en el presupuesto de 2010 una partida destinada a hacer efectivas dos sentencias judiciales. Se trata de la resolución de los pleitos que el Concello mantuvo con la empresa Miraflores S.A. y con la familia Paiva, a las que adeuda 12 millones de euros, intereses incluidos, desde hace varios años.
Meses atrás se produjo el último y definitivo fallo en ambos litigios, por lo que al Concello no lo queda otro remedio que abonar las cantidades pendientes. Sin embargo, el presupuesto aprobado inicialmente en febrero no incluía una partida con esta finalidad, lo que provocó la protesta del PP.
La oposición pidió un informe al interventor, que concluyó que el pago era inaplazable y que sin una partida con esta finalidad podría ser nulo. Pese a ello el documento presupuestario se llevará a pleno el próximo viernes sin incluir estos doce millones. Para solucionar los reparos del interventor se incluye un informe del jefe de la asesoría jurídica que da vía libre a la solución de vender dos terrenos con esta finalidad y así no afectar al presupuesto.
Con este informe por medio, el interventor ha optado por dejar de lado su primera valoración, pese a que se ratifica en ella, dejando vía libre a la opinión del jefe de la asesoría jurídica aunque con evidentes reticencias e incluso pidiendo al pleno que solicite una ampliación de la propuesta de la asesoría jurídica.
Zonas preferentes
Las dos parcelas que pretende enajenar el gobierno local para hacer frente a unas deudas consolidadas se encuentran en la plaza Elíptica (con algo más de 4.000 metros de edificabilidad) y en la calle Miragaia, en el ámbito Rosalía de Castro II (3.000 metros de edificabilidad), por lo que de forma aproximada podrán construir en ambas alrededor de 70 viviendas.
La valoración económica de ambas parcelas efectuada por los técnicos municipales cifra su valor en 13 millones de euros, lo que sería suficiente para liquidar las deudas pendientes.
Sin embargo, cualquier proceso de este tipo es siempre complejo y sujeto a numerosos avatares. De entrada pueden producirse recursos, como ocurrió en 2002, cuando el entonces alcalde Lois Castrillo intentó vender cinco parcelas para pagar a Miraflores una deuda que entonces era todavía menos cuantiosa, iniciativa que fue abortada por los tribunales tras una denuncia.
En cualquier caso, el gobierno local con esta medida gana tiempo y evita reducir el presupuesto y las inversiones en el año anterior a las elecciones, algo que hubiera generado tensiones entre las concejalías afectadas por el recorte de gasto.