Los inmigrantes residentes en Vigo ya no tienen problemas para hacerse con la situación. La concejalía de Benestar Social ha puesto en marcha un servicio de traducción e interpretación destinado a este sector de población. Funciona en las cinco ubicaciones de las once unidades básicas de atención social (Ubas): Coia, Rivera Atienza, Teis, praza da Princesa y oficina del Concello. Para ello dispone de un equipo de teléfono móvil con manos libres y auriculares a través del cual se facilita el contacto. Solo con marcar un número se ofrece la traducción al castellano de cincuenta idiomas, desde las lenguas comunitarias a otras africanas como el wólof, o las orientales como chino, coreano, japonés y tailandés.
Ayer el profesor senegalés Sidi Fal tuvo ocasión de comprobar su funcionamiento cuando saludó en wólof con un Jama ngaam y desde el otro lado de la línea escuchó una voz que respondía: hola. Esta lengua senegalesa es una de las más demandadas para traducir, junto con la rumana y polaca, pese a que entre los 17.000 inmigrantes empadronados en la ciudad hay de todas las nacionalidades.
El objetivo de la iniciativa no es otro que facilitar el acceso a los servicios sociales a esta población, para lo que es fundamental un fluido entendimiento, máxime cuando se proporciona información y asesoramiento sobre numerosos temas. Entre ellos figuran la tramitación de permisos de residencia, de trabajo, visados, nacionalidades y reagrupamiento familiar.
Para María Méndez esta herramienta sería muy eficaz en otros servicios como el Sergas.
El Servicio de Información a las Migraciones atendió el pasado año a 1.044 personas, de las que 542 eran mujeres y 502, hombres. La cifra supone un incremento de 211 personas con relación al 2008, cuando se atendió a 833.
Brasil, Bolivia, Senegal, Colombia, Uruguay, Perú y Argentina son los principales países de procedencia de los solicitantes.
El 42% de la población atendida reclamó información sobre cuestiones de arraigo y un 40%, de vivienda para reagrupamiento.
La concejalía de Benestar Social destina un presupuesto de 400.000 euros a las prestaciones para inmigrantes, del que la mitad corresponde a gastos de personal.