La patrulla fiscal de A Guarda, en colaboración con la de Vigo, ha descubierto un presunto fraude de impuestos especiales por el uso indebido de gasóleo B en, al menos, cuatro camiones de una empresa de transportes de la comarca de O Val Miñor. Los dos primeros fueron detectados en un control que se realizó el pasado miércoles en la carretera que une las localidades de Baiona y A Guarda.
Los agentes, según explicaron fuentes del instituto armado, descubrieron en los camiones un depósito de aproximadamente 800 litros de capacidad, camuflado en el remolque o gabarra y ocupando la práctica totalidad de la parte anterior de la misma, donde portaban el gasóleo B. Desde estos depósitos salían los tubos que introducían este carburante en el motor del vehículo. Este mismo sistema de ocultación fue detectado en otros dos camiones de la misma empresa estacionados en el domicilio social de la misma. El uso de gasóleo B, o bonificado, está destinado para carburante de maquinaria agrícola y barcos y su uso, explica la Guardia Civil, «constituye una infracción administrativa grave por fraude de impuestos especiales, que puede conllevar una sanción de más 30.000 euros».
Solo dos cosas diferencian el gasóleo agrícola del de automoción. El primero_de color rojo_ cuesta bastante menos. La razón de una diferencia de coste que puede llegar al 50% está en el impuesto especial que grava a cada tipo de combustible. Por eso, cuando un usuario común utiliza el carburante destinado a los agricultores, comete una infracción contra el Reglamento de Impuestos Especiales.
La Guardia Civil hace habitualmente controles preventivos. Se toman tres muestras en envases autoprecintables, se levanta acta y se remiten a Aduanas.
El ardid de utilizar gasóleo agrícola o de barcos para llenar depósitos de coches es tan antiguo como ilícito. El primero está bonificado por lo que el precio es considerablemente menor que el A. Pero la práctica puede resultar mucho más gravosa que el ahorro directo en combustible.
El exhaustivo control de la Guardia Civil ha hecho que las infracciones por este tipo de hechos se reduzcan considerablemente a lo largo de ésta década, que se iniciaba con un centenar de inculpados en Galicia.