El PSOE acusa a Porro y a Figueroa de recibir «algo de peso» por Finca do Conde

VIGO

El edil de Urbanismo, José Mariño, sugiere corrupción en la concesión de la licencia

15 ene 2010 . Actualizado a las 20:12 h.

En los años de polémica por la licencia de Finca do Conde desde las filas socialistas se habían sugerido posibles intereses de los dirigentes del PP que tomaron esta decisión. Ayer el concejal de Urbanismo, José Mariño, fue un paso más allá y quedó al borde de una acusación explícita de corrupción.

De manera concreta, el edil socialista aseguró que la ex alcaldesa Corina Porro y su antecesor en el cargo, José Manuel Figueroa, «tenían otros intereses» que no eran los de la ciudad», y que ambos debían explicar «que recibieron a cambio de la decisión de dar la licencia tras la sentencia que anulaba la actuación sin que hubiera informes favorables a partir de ese momento».

A la pregunta de qué habrían podido recibir, Mariño dejó sus nada veladas insinuaciones todavía más claras. «Existía una balanza; de un lado los informes de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo recomendando no dar las licencias y en el otro nunca sabremos lo que había, pero ellos seguro que si lo saben. Pero tendría que ser algo con mucho peso para tomar la decisión que tomaron».

Por el contrario, el responsable socialista justificó la actuación de los nacionalistas, que a su juicio «actuaron intachablemente» pese a que dieron las licencias de las dos torres de viviendas, mientras que la del centro comercial fue obra del PP. Esta afirmación la sustenta en que el permiso para construir las torres es anterior a la primera de las sentencias contrarias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La conclusión inmediata a la que llega Mariño tras sus insinuaciones es que «no se puede seguir en política tras una decisión que puede obligar al Concello a pagar 300 millones de euros en indemnizaciones. No se puede asumir una irresponsabilidad que puede llevar a la quiebra a la ciudad. Por coherencia política deben dimitir de sus cargos políticos». Esta petición ya la formularon en ocasiones anteriores Mariño y otros dirigentes socialistas, aunque en ningún caso ha sido considerada por los afectados.

Licencia en el aire

La única solución para evitar que a medio plazo la ciudad tenga que abonar esta indemnización es la legalización mediante una nueva licencia de todo el proyecto urbanístico Finca do Conde, algo que sus promotores llevan meses gestionando. En agosto de 2008, días después de entrar en vigor el actual Plan Xeral, ya presentaron la solicitud en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo.

Con este margen el Concello ya debería haber tomado una decisión. Sin embargo, el concejal Mariño dejó ayer claro que se les ha pedido documentación suplementaria y que la última tuvo entrada en Urbanismo en diciembre pasado, que sería entonces la fecha real de la solicitud.

El edil no se pronunció sobre su concesión, aunque estableció una diferencia con la concecida el año pasado para el edificio de Jacinto Benavente. Se refirió a que para evitar una sentencia de derribo mediante un posterior cambio de planeamiento es preciso que quede claro que los promotores actuaron de buena fe «y existen muchas dudas de que en este caso fuera así. No podemos caer en el error de una segunda licencia que implique otra indemnización».

Una vez concedida la licencia es preciso solicitar la inejecución de la sentencia a los tribunales. Hasta que den su visto bueno no se puede garantizar que la segunda licencia anule la sentencia de derribo.