Caballero reclama a Porro y Figueroa que «dejen la política hoy mismo» Apartoteles de Samil Torres Ifer Jacinto Benavente Rosalía de Castro

VIGO

Cinco edificios previstos como apartoteles se conviertieron en viviendas, lo que ha impedido su aprobación. Como en la mayoría de los demás casos, el nuevo Plan Xeral prevé su legalización pero de momento no se ha producido

En pleno centro de la ciudad, inaugurado por Manuel Fraga y con el Club Financiero en sus bajos, fue anulado por los tribunales hace más de una década por exceso de edificabilidad y de alturas. Desde entonces se han realizado numerosos y fracasados intentos para normalizar su situación, sin conseguirlo

Fue ilegalizado como los demás, pero sus propietarios fueron los primeros en solicitar licencia conforme al nuevo Plan Xeral. Urbanismo la concedió el pasado mes de julio y solo falta que el Tribunal Superior acepte la decisión municipal | x.c.g.

Es el mayor complejo en dificultades por el número de viviendas, cerca de 600, además de un aparcamiento subterráneo. Jurídicamente es un caso de la mayor complejidad ya que el párking se cedió a una entidad privada sin concurso. Urbanismo creó una comisión de expertos que todavía no ha resuelto el caso | ó. v.

Abel Caballero utilizó la sentencia que remata el litigio judicial del caso Finca do Conde para ajustar cuentas con la oposición. De no ser porque el fallo que ayer dio a conocer La Voz coloca al Concello al borde del abismo de la quiebra económica podría pensarse que el alcalde se alegró del resultado. El máximo dirigente socialista aprovechó la sentencia para reclamar a su antecesora y al ex concejal de Urbanismo del PP, Corina Porro y José Manuel Figueroa, que asuman sus responsabilidades por lo ocurrido cuando eran los responsables del Concello.

«Los que nos han llevado a esta situación tienen nombres y apellidos. Tras este largo recorrido ambos deben asumir sus responsabilidades y deberían hacerlo hoy mismo abandonando la política. Dieron licencias con informes jurídicos y técnicos contrarios, lo que es un agravante, y las responsabilidades económicas a las que puede verse abocado el Concello superan los 300 millones de euros», explicó el alcalde.

Para que quedara de manifiesto la magnitud de esta cifra Caballero recordó que el presupuesto municipal de este año es de 220 millones de euros anuales, aunque de esta cifra solo unos 20 pueden destinarse a inversiones. «Por tanto, si el Concello tiene que pagar esta cantidad Vigo se quedaría sin inversiones durante los siguiente catorce años», precisó.

El alcalde reconoció que «la ciudad se encuentra ahora en una situación de dificultad extrema. «Se ha confirmado que todo Finca do Conde es absolutamente ilegal, y es algo inapelable», aseveró en presencia de varios concejales socialistas.

Mala fe

La solución al problema planteado pasaría por la legalización de toda la urbanización (centro comercial y torres de viviendas) conforme a las previsiones del nuevo Plan Xeral, «pero para eso sería necesario demostrar que el Concello obró de buena fe, algo que no es sencillo de plantear al existir informes contrarios y es algo que comenté recientemente con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En cualquier caso, los técnicos nos indicarán el camino a seguir, aunque no puedo negar la inmensa preocupación que siento en este momento», confesó.

Pese a las alusiones directas Porro decidió ayer mantener silencio al no formar parte de la actual corporación municipal, encargando la respuesta a Figueroa. Tampoco se pronunciaron los responsables del grupo municipal nacionalista.