celta El juez reclama un informe para depurar responsabilidades en el Celta

La pieza de calificación del concurso de acreedores del Celta se pone en funcionamiento. Al superar la quita un tercio de la deuda (fue del 85%), el juez que instruyó la Ley Concursal del conjunto vigués estaba obligado a abrir una especie de proceso paralelo para dirimir responsabilidades. Tres meses después de celebrarse la junta de acreedores José María Blanco ha dado órdenes a los administradores concursales para que presenten el pertinente informe antes de final de mes. Dicho documento está sin elaborar en la actualidad, pero todo indica que seguirá el mismo camino que el presentado en noviembre del 2008 en donde se apuntaba de un modo directo a la época de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez al frente del club.

Francisco Prada, Carlos Pérez-Bouzada y José González, los tres administradores concursales que han tutelado la vida del club en el último año, tienen de plazo hasta los últimos días de mes para presentar el informe en el juzgado de lo Mercantil de Pontevedra. Una vez que esté en posesión del magistrado, el dossier debe ser también remitido al ministerio fiscal y a las partes implicadas, que serían llamadas a declarar. Tendrían cinco días para alegar cuanto considerasen oportuno y en caso de no presentarse serían declarados en rebeldía.

La Ley Concursal en su artículo 169 especifica que los administradores deben representar «al juez un informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de resolución». Es decir, si debe ser considerado fortuito y ser archivado o declarado culpable, lo que abriría un proceso encaminado a depurar responsabilidades a los gestores (actuales o anteriores) de la entidad.

Para elaborar su informe la administración concursal tiene derecho a recopilar cuanta información sea necesaria -aunque en su día ya anunció la desaparición del libro de actas de la entidad y otro tipo de documentación- y a mantener contactos con todas las partes, circunstancias ambas que ya habían realizado en sus primeros meses en el club según consta en la redacción del documento que ahora acaba de cumplir un año de vigencia.

Precedente

En el mismo se ponen de manifiesto «prácticas contables tergiversadoras» encaminadas a maquillar la causa de disolución en la que estaba inmerso el conjunto vigués desde el comienzo de la presente década. Especifican los administradores concursales en sus conclusiones que «en temporadas anteriores a la 06/07 se produjo una sistemática y continuada utilización de prácticas contables heterodoxa o anómalas dirigidas a aparentar una situación económica saneada (...) ocultando la realidad de un desequilibrio creciente generado por la reiteración de resultados económicos agobiantes». Una huida hacia adelante según la propia redacción.

Se apuntan como principales ejemplos las anomalías contables con las actas de Hacienda, que Catanha continuase como activo cuando ya no pertenecía al club o la activación de 12 millones por jugadores de la cantera que accedieron al primer equipo. Todo para enmascarar los continuos desfases contables desde el año 2003 por culpa -según el informe concursal- de que «los gastos en plantilla y jugadores han estado sistemáticamente muy por encima de las posibilidades reales».

Una vez que el juez tenga el informe en su poder y le haya dado el traslado pertinente, no existe fecha concreta para que emita una sentencia definitiva.