Área metropolitana. Moaña Moaña machaca a multas a las empresas de móviles por operar sin licencia municipal

El Concello de Moaña impuso un total de 15 multas de 3.000 euros a cada una de las cuatro operadoras que comparten la polémica antena de la calle As Barxas. Son, en total, 60 sanciones coercitivas por un importe de 180.000 euros cuyo objetivo es que las compañías paralicen la actividad de la antena en cuestión por carecer de licencia. El Concello no logró su objetivo. Las compañías siguen utilizando la instalación. Vodafone pagó religiosamente en período voluntario, aunque se reserva los pertinentes recursos. La firma Xfera anunció al Concello que había dejado de operar, pero el informe del Ministerio de Industria afirma lo contrario.

Telefónica Móviles acudió al juzgado para que obligue al Concello a suspender la resolución. Ganó en primera instancia, alegando que produce una «perturbación grave de los intereses generales», pero el juez, finalmente, le denegó su petición argumentando que aceptar que utilice una instalación que carece de licencia municipal sería dar cobertura a una instalación ilegal, desautorizando al Concello en su misión de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística «a la cual deben subordinarse los intereses generales so pena de primar el mercado por encima de la Ley con grave quiebra del Estado de Derecho».

Telefónica de España también recurrió a los tribunales cuando le llegó la octava multa. Es la propietaria del edificio sobre el que se asientan las antenas, construido hace 35 años. Alegaba que no no es la titular de la actividad y cuestiona la capacidad del Concello para sancionar. El juez dice que la multa coercitiva no es «propiamente una sanción», sino una medida «de constreñimiento económico» que tiene por finalidad la ejecución forzosa de lo que pide el Concello, la legalización de la actividad.

«Nos encontramos ante la impugnación de una multa coercitiva, la octava, por cierto, según declara la propia actora en su escrito de demanda, sin que conste, se alegue o se acredite ni impugnación ni menos aún suspensión de la ejecución de la resolución de la Alcaldía», indica el juez, que desestima la petición de la empresa.

El expediente ocupa dos archivadores. Incluye cuatro copias de cada resolución y otras tantas de la liquidación de cada multa, acompañadas del informe del inspector de obras que dice: «Non procederon á suspensión da actividade ordenada».

La primera tanda de multas es de junio del año pasado. La última, del 31 de agosto de este año. El Concello otorgó a las cuatro empresas un nuevo plazo de tres meses para que soliciten la licencia. Si no lo hacen, les impondrá nuevas multas coercitivas entre 1.000 y 10.000 euros hasta que lleven a cabo «o cumprimento ordenado». El arquitecto municipal dice que la actividad es legalizable. Las operadoras tendrían que presentar el correspondiente proyecto cumpliendo las normativas municipal, autonómica y estatal.