Una baja sospechosa en Gondomar

VIGO

Un detective constató que el edil del gobierno gondomareño Carlos Cabaleiro seguía trabajando en el Ayuntamiento mientras en su empresa creían que estaba inactivo

17 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Un detective se infiltró en el Ayuntamiento de Gondomar el pasado mes de julio, días después de la presentación de la moción de censura que apeó del gobierno al BNG. Su objetivo fue investigar uno de los componentes del nuevo gobierno gondomareño, el edil fiel a Alfonso de Lis Fiuza, Carlos Cabaleiro. Fue contratado por la empresa en la que llevaba siete años trabajando. El motivo es que sus jefes creían que estaba de baja y, por lo tanto, supuestamente, no podía desarrollar ningún tipo de actividad. Al parecer, Cabaleiro quiso tomarse unas vacaciones de su trabajo con el posible objetivo de dedicar más tiempo a su nueva actividad de organización en el Ayuntamiento.

Pero su jefe le negó los días de descanso. Casualmente, días después de recibir la negativa sus superiores recibieron el parte de baja médica por dolores de espalda. Sospechando que podía ser una baja fraudulenta, el responsable de la empresa en la que trabajaba decidió contratar a un detective para averiguar si su empleado estaba guardando su obligado reposo.

Pero nada más lejos de la realidad. El investigador comprobó que se movía con total libertad de movimientos por la Casa Consistorial. Hay grabaciones realizadas con cámara oculta que así lo atestiguan, subiendo y bajando las escaleras de la Casa Consistorial, dando órdenes a los empleados municipales o atendiendo en un despacho como si no tuviera ningún problema de salud.

Despedido

Tras la supuesta baja fraudulenta, el edil se marchó de vacaciones y, al regreso a finales de agosto, fue despedido. Ayer se celebró un acto de conciliación en Vigo por medio del cual ambas partes llegaron a un acuerdo económico para poner punto final a este caso y desvincularse Carlos Cabaleiro definitivamente de la empresa, aunque se mantiene abierta una denuncia ante la Seguridad Social por un posible fraude de un representante de los ciudadanos.