Los casi doscientos pequeños y medianos acreedores, que engloban a todas las personas jurídicas y empresas a las que el Celta les debía dinero en el momento de entrar en el proceso concursal hace un año, solo cobrarán un quince por ciento de las cantidades que les adeuda el Celta, y lo harán en un plazo de cinco años en el caso de los acreedores ordinarios, y de diez años en el de los subordinados.
Esto ocurre si aceptan la primera de las opciones que ofrece el Celta en la propuesta de convenio que se va a firmar el próximo 30 de junio. Los acreedores tendrán otras dos opciones, con diferentes condiciones, en las que podrían recuperar más deuda, pero bien tardarían mucho más en cobrar o ese dinero se convertiría en acciones.
Los únicos que no tienen que acogerse a estas condiciones son la Agencia Tributaria y Caixanova, que son los acreedores mayoritarios, puesto que ambos han negociado sus propios acuerdos con el club. Ambas entidades recuperan más deuda privilegiada, pero aceptan el 85 por ciento en la ordinaria, lo que arrastra a los restantes acreedores.
Podría haber muchos recursos ante la justicia ordinaria.