Dos propietarios encaminan el proceso hacia la expropiación y la demora de las obras y otra familia exige más dosis de legalidad
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El proyecto urbanístico que cambiará el perfil de Vigo, el que se levantará -y nunca mejor dicho- en la plaza de España, es para el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el de mayor prioridad de cuantos nacerán a la sombra del Plan General. Por eso es el más avanzado de los que al hilo del nuevo ordenamiento tramita el edil de Urbanismo, José Mariño, otrora autor de las infografías con las que el PSOE a. de C. (antes de Caballero) trataba desde la oposición de enardecer a las masas frente al PGOM. Pero esa velocidad de crucero lleva camino de frenarse en seco tras entrar la controvertida urbanización en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La familia Rodríguez Criado, una de las propietarias de las parcelas incluidas en el proyecto asegura que con su recurso, ya admitido a trámite, solo quiere «que haya más legalidad en la tramitación y diseño de la urbanización. «Dejemos que la Justicia actúe, pero llegaremos hasta el final si hace falta para defender nuestros derechos», asegura uno de sus portavoces. Su finca, la última de la margen derecha de la avenida de Madrid al llegar a la plaza, será partida en dos por el vial que recorrerá en círculo las cuatro torres de 20 alturas proyectadas. El radio dado al anillo hace desaparecer la casa familiar de los Rodríguez Criado, y según mantienen en su recurso, no es así como estaba planteado inicialmente. La prolongación hacia la avenida de Madrid del vial abierto desde Pizarro tras la finca de la inmobiliaria Bruesa, la única sin urbanizar en la actual plaza, se convierte así en el primer escollo serio del proyecto. Los recurrentes reclaman además el derecho que entienden tenían hasta ahora para edificar del anillo hacia afuera y de manera independiente a la urbanización de la plaza, y por tanto con menos cargas que las que ahora tendrán que soportar al ser incluida toda la parcela en la urbanización del entorno y en el pago de los gastos que conllevará.
Pero si la familia en cuestión está dispuesta a llegar hasta el final, su posición todavía puede ser salvable, pues forman parte de la junta de compensación del proyecto, es decir que aceptan el resto de las condiciones, precios incluidos. No es así el caso de otros dos propietarios que se han negado a formar parte de la junta de compensación por no estar de acuerdo con la valoración de sus terrenos y casas que serán derribadas. Las suyas se encuentran entre las llamadas a desaparecer por estar dentro del anillo que circundará la nueva plaza, donde solo pervivirá la actual sede social del Celta.
Tanto los propietarios del último chalé de la margen derecha de Gran Vía en su sentido ascendente desde Urzaiz, como los del inmueble ubicado junto a las oficinas celestes en la calle Manuel de Olivié, piden más, no creen que entre otras cuestiones se haya valorado suficientemente sus parcelas dentro de un proyecto de beneficios millonarios y que la inmobiliaria y constructora Bruesa destaca como uno de los tres más relevantes de cuantos tiene entre manos en toda España.
La firma presidida por el gallego Antonio Pinal negocia con los disconformes, pero si no hay acuerdo, la llegada de las grúas y el inicio de la obra ya no podrá comenzar entre la primavera y el verano, como anunció Caballero, que además quiere que los túneles y la superficie estén acabados antes de las municipales. Habrá que ir a un proceso expropiatorio y eso no se arregla en seis meses y casi, casi ni en un año.
Eso sí, el que quiera hacer fotos de la zona antes de que se transforme que apure, porque tratándose de dinero nada es imposible y si ahora hay desacuerdo, mañana puede haber un apretón de manos.