En muy contadas ocasiones la gestión de la Diputación provincial sale a relucir en el pleno del Concello vigués. Ayer ocurrió debido a una moción de María Méndez que será debatida en los concellos de la provincia. El objetivo de los nacionalistas es acosar a la corporación que preside el popular Rafael Louzán y de la que son vicepresidentes Corina Porro y José Manuel Figueroa.
La propuesta, aprobada con los votos del gobierno, quiere forzar a la Diputación a que ayude a los concellos a prestar los servicios obligatorios y que, para disponer de fondos, se ciña a sus competencias «negociando a transferencia de equipamentos alleos como a cidade infantil Príncipe Felipe, o centro de vacacións de A Lanzada, o castelo de Soutomaior» y otros.
Figueroa recordó que existe oposición a esta trasferencia entre los funcionarios provinciales y exhortó al Concello a que gestione fondos de la Xunta para sus actividades. A modo de ejemplo, señaló que la ciudad infantil Príncipe Felipe tiene un presupuesto anual de 16 millones de euros «e a Xunta aporta únicamente 400.000».