Hoy no habrá en Vigo más abortos que los de urgencia. Y no es que los colectivos antiabortistas hayan logrado tumbar la ley aprobada hace ya 22 años con el apoyo de la sociedad española, sino que los propios centros de interrupción de embarazo han decidido echar el candado para protestar por la «campaña de acoso y derribo que han puesto en marcha grupos de fundamentalistas contra el aborto».
En estos centros médicos privados se refieren a las concentraciones convocadas en las últimas semanas ante las clínicas por grupos antiabortistas, que reaccionaron de ese modo a la operación policial que llevó en Barcelona a la detención de siete doctores por su supuesta relación con una red de abortos ilegales. «Es una caza de brujas inaceptable. Nos sentimos desprotegidos ante la violencia y la alarma social generadas por estos grupos de fundamentalistas religiosos», apuntaban ayer en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
El colectivo esta integrado por 30 centros médicos, entre los que figuran dos gallegos. Uno de ellos, la Clínica Castrelos, está en Vigo, y su cierre de puertas no tendrá precisamente un impacto menor en la atención sanitaria de la ciudad. Lo confirman ginecólogos y responsables de planificación familiar del sector privado y del Servizo Galego de Saúde, que aseguran que el citado centro privado asume más de mil de los 1.200 abortos legales que se realizan en Vigo cada año.
«La mayoría de la actividad, en torno al 90%, la asumen los centros privados, pero no es que no haya recursos en la pública, sino que las afectadas prefieren hacerlo en esas clínicas por motivos relacionados con su privacidad», explican desde el Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, que dedica dos de sus 36 ginecólogos a las interrupciones legales de embarazo. «Es el modelo escogido para Vigo. Se considera que así se da cobertura en el sistema público a todas las pacientes que lo necesitan, pero si hicieran falta más doctores supongo que se pondrían, porque que sean solo dos los doctores que lo hacen no responde a razones de conciencia, sino organizativas», comenta otro médico del servicio, que calcula que al sistema público le costaría apenas 600.000 euros al año costear todos los abortos que se realizan en Vigo.
De este modo más de un millar de viguesas se ahorrarían los entre 400 y 600 euros que cuesta abortar. Otra opción sería un concierto del sistema público con centros médicos privados como el que se aplica en A Coruña, donde las interrupciones de embarazo están en manos de la Clínica Faos. A eso aspiran precisamente centros como el vigués de Castrelos, que desde hoy hasta el sábado se unirá al cierre de protesta contra el «acoso fundamentalista». De este modo, en la clínica solo atenderán los abortos de urgencia. «Al final quienes pagan siempre son las mujeres, que por unos radicales ven una vez más violados los derechos que les concede la ley», se lamentan.