Construcción ilegal La familia cuya casa será derribada esta semana se queja de que el Concello no les quiere decir la fecha

La familia que habita en una casa de la parroquia viguesa de Sampaio que deberá ser derribada esta semana por oden judicial denuncian que los técnicos municipales no quieren comunicarle la fecha de la demolición, para evitar que ellos y los vecinos de la zona se encierren en su interior. Según afirma la pareja propietaria de la vivienda lo máximo que le han asegurado desde el Concello de Vigo es que su casa será demolida como muy tarde la semana próxima.

El derribo de la vivienda de Manuel Dasilva ha generado una gran polémica en la ciudad ya que existen edificios mucho más importantes con sentencias firmes como el caso de las torres de García Barbón o el Centro Comercial Gran Vía que no van a ser derribados. Dasilva ya manifestó que esta situación le parecía una «injusticia», algo en lo que coincide Abel Caballero que preguntado en RadioVoz sobre este tema aseguró que aunque no parecía justo el Concello no podía hacer nada, ya que existía una sentencia judicial. Además, Dasilva confirmó a la agencia Efe que con el PGOM su casa será legal, por lo que, no entiende que con las grandes ilegalidades de Vigo se tenga consideración y con la pequeña suya no.

Los propietarios de la vivienda se quejan además de de que los tecnicos municipales ni siquieran le dan una fecha concreta para el derribo, lo que interpretan como una maniobra para evitar que la familia y los vecinos de la zona que los apoyan se concentren en el interior de la vivienda para impedir su derribo.

En 1999, Dasilva y su mujer obtuvieron una licencia por parte del ayuntamiento para rehabilitar su casa unifamiliar, pero una vecina, posteriormente, decidió llevarlos a los tribunales por no estar conforme.Tras haber ganados la mayoría de los juicios, en 2005 el TSXG determinó que la vivienda es ilegal y que tenía que ser demolida y desde entonces, los vecinos de Sampaio han llevado a cabo diversas movilizaciones, para mostrar su apoyo a la familia afectada y protestar antes una sentencia que consideran «injusta».