El DOG publicó el cambio del decreto gallego, que se adapta a la legislación nacional en el fraccionamiento del primer pago
23 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Desde ahora, los dependientes gallegos que se incorporen a la ley y les corresponda alguna cantidad en concepto de atrasos, verán cómo se aplica la reforma del decreto de dependencia, que publicó ayer el Diario Oficial de Galicia, según el cual esta cuantía la recibirán dividida en cinco anualidades. La Xunta se ajusta así, un año después, a los cambios decididos en mayo del 2010 por el Gobierno de España, según los cuales se podía fraccionar el pago de los atrasos a los dependientes. Lo que se pagará íntegramente y de forma puntual es la cantidad asignada cada mes.
Esta variación está obligada porque el Estado paga también de forma fraccionada la cantidad a la Xunta, que por tanto debe adaptarse a los requerimientos de la Administración central.
Desde la Xunta se ha indicado que todavía no hay una estimación de cuántas personas pueden verse afectadas este año por el cambio, ya que la cifra se ha reducido ostensiblemente desde el 2010. En enero de ese año, la Consellería de Traballo destinó 60 millones de euros al pago de atrasos a los beneficiarios de la ley. Se trataba de personas que llevaban hasta dos años a la espera de recibir la ayuda por la dependencia y que en algunos casos sus atrasos superaban los 6.000 y 7.000 euros.
Hoy por hoy la situación es bastante diferente. Por una parte, hay una prórroga en favor de la Administración de seis meses ?la incluía el decreto de mayo que también recogió la Xunta en una normativa anterior?; así, si una persona presenta la solicitud para incluirse en la ley, los atrasos no empiezan a correr desde ese día, sino seis meses después. Por otra parte, la Xunta prioriza los servicios a las prestaciones económicas, de tal manera que no se puede cuantificar muchos de estos atrasos
?otros sí, cuando hay costes que asume la familia y presenta facturas de estos?. Y finalmente, las listas de dependientes, siendo todavía largas, no alcanzan los niveles de los primeros años, y así, con datos del 1 de julio pasado, en Galicia se presentaron en el último año 937 solicitudes a la ley.