Francia combate la prostitución con una ley para multar a los clientes

esperanza suárez PARÍS / CORRESPONSAL

SOCIEDAD

Roselyn Bachelot cree que la solución está en el sistema sueco, que puede imponer hasta seis meses de cárcel a quienes recurren al comercio del sexo

31 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La ministra francesa de Cohesión Social está decidida a multar a los clientes de las prostitutas para acabar con una situación que supone «un profundo atentado a la libertad y la dignidad de las mujeres». Roselyn Bachelot cree que la solución está en el sistema sueco, que puede imponer hasta seis meses de cárcel a quienes recurren al comercio del sexo, y quiere que el Parlamento francés debata una proposición de ley en este sentido.

La medida no es inmediata y no llegará en ningún caso antes del 2012, año de elecciones presidenciales. La ministra compareció ayer ante la comisión parlamentaria que durante un año ha analizado la situación de la prostitución en Francia y sorprendió a los diputados por su actitud «extremadamente comprometida» con la búsqueda de soluciones al problema. La prostitución será uno de los ejes del plan de lucha contra la violencia machista que presentará a mediados de abril. «La prostitución nunca es voluntaria», aseguró Bachelot, convencida de que «no existe prostitución libre, elegida o consentida».

La profesión más vieja del mundo no es ilegal en Francia, aunque la justicia persigue a los proxenetas y a las mujeres que hacen la calle. El debate se reabre regularmente, y entre las últimas propuestas lanzadas por los conservadores está la reapertura de las maisons closes, las casas de citas cerradas hace más de medio siglo. La ministra se opone frontalmente a esta posibilidad, así como a la prestación de servicios sexuales a los minusválidos porque no encaja con su idea «de la promoción de los derechos de las mujeres ni de la dignidad de los minusválidos».

La cruzada de Bachelot ha encontrado una encendida respuesta en los sindicatos de las profesionales del sexo, que denuncian la «precarización» de sus colegas suecas desde 1999, cuando entró en vigor la ley que persigue a los clientes.