La industria forestal cuestiona las medidas impuestas por Bruselas
16 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La aparición hace tres meses del primer brote del nematodo del pino, un gusano que seca los árboles y que está presente en Portugal desde 1999, empieza a dejar graves secuelas en el sector gallego de la madera. Hasta cuarenta empresas, entre rematantes y aserraderos, están al borde del cierre como consecuencia de las medidas impuestas por Bruselas y adoptadas por la Xunta para evitar que el brote surgido en el concello pontevedrés de As Neves se convierta en una plaga.
Por vez primera desde que se inició el problema, la industria forestal ha salido a escena para demandar una mayor claridad a Medio Rural en la aplicación de unas medidas preventivas que tienen en jaque a casi medio centenar de empresas que mueven 350 empleos directos.
Después de que se prohibiera la corta y comercialización de madera en un radio de 20 kilómetros alrededor del punto en el que surgió el brote, la Xunta aplicó otras medidas dictadas por Bruselas, como la obligación de dar tratamiento térmico a la madera de la zona antes de su comercialización o astillar todos los restos de las cortas para evitar la propagación del gusano. Esto ha generado graves problemas de viabilidad económica a las empresas, que han visto incrementados sus costes de producción y que han sufrido una pérdida de ingresos al no poder vender algunos subproductos. «Somos conscientes de que hay que erradicar el brote, pero las medidas deben garantizar la viabilidad y así se lo debe trasladar la Xunta a Bruselas en próximas reuniones», defendió ayer Ana Oróns, secretaria general de la Federación de Aserraderos y Rematantes de Galicia (Fearmaga). Interrogada por este problema, la Consellería de Medio Rural aclaró ayer que su principal objetivo es erradicar el foco y garantizar el máximo de actividad posible de acuerdo con la ley. «Para evitar a paralización dos traballos na zona a Xunta ampliou dúas veces o prazo para facilitarlles a corta aos propietarios, tal e como demandaron eles», puntualizó ayer el departamento que lidera Samuel Juárez. La Xunta cree que ha actuado con toda transparencia y confía en que la buena disposición de las autoridades comunitarias sirva para que la actividad en la zona se mantenga desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre siempre y cuando se adopten las debidas precauciones sanitarias. Medio Rural sostiene que ha asumido buena parte de los costes del control y de erradicación del brote, que estima en siete millones. En cuanto a los costes empresariales de los tratamientos sanitarios, la Xunta recuerda que esta madera se venderá siempre a un mejor precio.