El contrato predoctoral, de cuatro años, o el posdoctoral de cinco, denominado de acceso al sistema español de ciencia y tecnología, no son las únicas figuras que contempla la ley para incorporar a los investigadores. En la actualidad, los jóvenes que hacen el doctorado tienen dos años de contrato y los otros dos son becas, que no cotizan a la Seguridad Social.
Investigador distinguido
El borrador prevé la creación de un contrato de investigador distinguido que se habilitará para captar a científicos de élite, tanto a los españoles que están en el extranjero como a profesionales punteros de otras nacionalidades que necesite el sistema español. Otra modalidad es el contrato de trabajo para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Incentivos fiscales
Uno de los principales objetivos de la normativa pasa por lograr una mayor interrelación con el mundo empresarial y elevar la inversión en I+D del sector privado. Para ello se ofrecerán incentivos fiscales de entre el 8 y el 12% a las empresas que incentiven las actividades de innovación. También se posibilitará que los investigadores de los organismos públicos de investigación tengan acceso a la empresa privada y habrá incentivos fiscales para el mecenazgo de la investigación. La Administración también favorecerá en sus compras a las empresas que apuesten por el I+D.