«La figura es insostenible a medio plazo», advierten los autores de un estudio de La Caixa sobre dependencia
26 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El 85% de los cuidadores de personas dependientes sufren el denominado síndrome del cuidador quemado, que conlleva una serie de problemas de salud física, psíquica, sociales o laborales, según el informe El cuidado de las personas: un reto para el siglo XXI, perteneciente a la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, que fue presentado ayer en Madrid.
Algunas de las consecuencias negativas que padecen gran parte de los cuidadores son estrés, la alteración del sueño o un mayor consumo de fármacos. Además, entre las consecuencias socioeconómicas sobresalen el aumento de los gastos familiares o la pérdida del empleo femenino, mientras que entre los problemas psicológicos y psicosociales destacan la ansiedad, la depresión o la falta de libertad. Finalmente, entre los efectos relacionales o familiares figuran los conflictos de pareja y la disminución de la vida social del cuidador.
La profesora Constanza Toribio, directora del estudio, resaltó la necesidad de una serie de programas de apoyo para poder hacer frente a «los efectos y las consecuencias negativas del cuidado». «También hay consecuencias positivas, pero son la inmensa minoría», añadió.
«La figura del cuidador familiar es insostenible a medio plazo -resalta Toribio-. Todo parece indicar que las primeras generaciones de mujeres trabajadoras no reproducirán ese papel de cuidador que hoy realiza la última generación de amas de casa».
Por esta razón, estos expertos proponen un nuevo modelo en el que el Estado asuma un importante papel en la provisión de cuidados y que estos sean desempeñados por agentes profesionales. Sin embargo, señalan que el traspaso de un sistema a otro no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios.
Y resaltan además toda una larga serie de factores que dificultan esta transición: la difícil sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Dependencia, la distribución desigual de recursos entre las diferentes comunidades autónomas, así como la falta de coordinación entre estas de las políticas sociales, la ausencia de una red de servicios articulada y las dificultades de conciliar la vida laboral y familiar.