La objeción a practicar interrupciones del embarazo se limita a los profesionales que las realicen directamente
10 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El PSOE cierra la negociación para sacar adelante la ley del aborto, y para ello cuenta con el apoyo de IU-ICV y ERC. Con estas formaciones ayer llegó a una serie de pactos, que hoy teóricamente se aprobarán en forma de enmienda en la Comisión de Igualdad y la próxima semana se llevarán al pleno. Cuatro son los puntos que ayer se cerraron: la financiación pública (total o parcial) de los nuevos anticonceptivos; la incorporación de la materia de educación sexual en el colegio; la limitación máxima de la objeción de conciencia para los sanitarios; y la reducción de los trámites en el proceso de aborto.
Lo más novedoso es el primer punto, que anunciaron ayer en rueda de prensa Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardá (ERC). Actualmente, la sanidad española financia solo ocho anticonceptivos hormonales, los más baratos y antiguos del mercado, cuando hay hasta 35 modelos diferentes. Con el acuerdo, se pretende que la sanidad -es decir, las comunidades autónomas, que tienen transferida la cartera- se encarguen de ofrecer a las mujeres de forma gratuita o subvencionada al 40% -como cualquier otro fármaco- el anticonceptivo que mejor se adapte a sus circunstancias, a excepción lógica del preservativo, que no se considera medicamento. No hay que olvidar que los nuevos productos hormonales -parches que duran un mes, los anillos vaginales o los dius de nueva generación- son los más demandados, y no siempre resultan baratos.
Además, con esta medida se espera ayudar a los grupos de población más desfavorecidos para evitar embarazos no deseados -el 55% de los abortos se realizan en extranjeras-. Galicia, en ese sentido, es una de las comunidades mejor situadas, ya que en los centros de planificación familiar los anticonceptivos son gratuitos, pero eso no ocurre en otras comunidades. «Por primera vez en nuestro país los anticonceptivos modernos pasan a ser financiados como cualquier otro fármaco», explicó Llamazares, quien cifró el gasto en 100 millones de euros anuales; el PSOE no ha querido incluir cifras en la enmienda que se debatirá hoy.
Colegios
Otro aspecto tratado ayer con IU-ICV y ERC es la educación sexual en los colegios. El acuerdo al que llegaron es que la salud sexual se incorpore al currículo en todos los niveles educativos, aunque no especificaron en qué aspectos ni desde qué edad. Lo que sí se dijo es que los alumnos de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) deberán estudiar cómo se realiza un aborto, asunto que ahora no se trata. Sobre este aspecto de la educación sexual en la escuela, el Observatorio por la Libertad en la Educación (OLE) ya ha pedido a los padres que objeten.
Cirujanos y enfermeros
Precisamente la objeción, en este caso del personal sanitario, es otro aspecto acordado entre Gobierno y la oposición de izquierdas. Tardá y Llamazares explicaron que esta solo puede invocada «por parte de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo». Es decir, «es el cirujano el que tiene esa característica, la persona de la enfermería que le ayude y poco más», ha dicho el diputado de IU, quien ha especificado que dicho profesional tendrá que hacerlo por escrito, y «no podrá cuestionar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo». Se pretende evitar así que colectivos médicos e incluso hospitales enteros objeten.
Menos trámites
Finalmente, otro pacto con IU y ERC fue el de facilitar los trámites del proceso. Según explicaron, no será necesario el informe de dos especialistas si el aborto se produce entre las semanas 14 y 22 -es decir, cuando hay una grave anomalía en el feto o riesgo para la vida de la madre-; en ese caso bastará con que un único médico informe, «no necesita otro de vigilante», en palabras de Llamazares.