La Fiscalía contemplaba esa norma desde hace un año, y el PSOE dice que regular compete al Estado
16 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los profesores de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid serán reconocidos como autoridad pública, según anunció ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el debate del estado de la región. Esto supondrá, entre otras cosas, que la agresión a uno de ellos podrá ser castigada con penas de prisión de dos a cuatro años, que la Fiscalía podrá seguir de oficio los delitos cometidos contra estos docentes y que tendrán presunción de veracidad.
Al igual que, por ejemplo, jueces, policías, pilotos y marinos al frente de una nave, contarán con la protección especial recogida en los artículos 550 a 553 del Código Penal. Además, su palabra tendrá más valor que la de un ciudadano normal en el caso de que se produzcan versiones contradictorias. Según explicó Aguirre, «hay que recuperar en la escuela, en los colegios y en los institutos el valor de la autoridad del profesor, que no está al mismo nivel de los niños».
La Ley de Autoridad del Profesor, que será enviada en las próximas semanas a la Cámara regional, concederá este mayor rango a los profesores que son funcionarios públicos, por lo que los docentes de los colegios concertados o privados quedan excluidos de estos beneficios.
La presidenta de la Comunidad de Madrid justificó esta iniciativa con las siguientes palabras: «En los centros escolares debe existir un clima apropiado para que el profesor enseñe y los alumnos aprendan. Los expertos indican que los profesores dedican más de un tercio del tiempo en clase a mandar callar a los alumnos. Las comisiones de escolarización revelan datos enormemente preocupantes de agresiones a profesores y actos graves de indisciplina que deben de acabarse».
Esta iniciativa ya la llevó a cabo el año pasado la Comunidad Valenciana, mientras que hace unos meses, Cataluña dio esta protección a los directores de los centros escolares. Es más, en una circular remitida en diciembre del 2008 por la Fiscalía General del Estado a las fiscalías de toda España se aconsejaba que los fiscales consideraran como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y los profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, recordó ayer que elevar a los docentes a rango de autoridad jurídico-penal es algo que compete al Estado, y que si se plantea, requiere su aprobación como ley orgánica. De hecho, el Grupo Popular registró en julio una proposición de ley para modificar la normativa actual en este sentido.