«Es de vital relevancia la aportación de los concellos en materia de servicios sociales, porque son la puerta de entrada de los ciudadanos a estos servicios». Así se expresó ayer la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato al hablar de posibles cambios en la gestión de la ley de dependencia. Según añadió, «habrá que encontrar la fórmula que convengan a los gallegos y gallegas y a los propios ayuntamientos». Todos los cambios que se hagan en el proceso de la ley -y que ya se están estudiando- tienen como objetivo acortar los plazos para recibir las ayudas.
Estas llegan a cuentagotas a los ciudadanos: «Estamos intentando desenmarañar las cifras de dependientes y la financiación de la ley para saber exactamente el grado de déficit que tenemos», así lo dijo ayer la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, quien asume que «con este presupuesto atenderemos a nuestro compromiso de 16.500 grandes dependientes», es decir, este año no podrán llegar a los 27.399 que ya tienen la clasificación de grandes dependientes. De estos 27.399, solo algo más de 11.000 cobran efectivamente la ayuda -o el servicio solicitado- mientras que más de 16.000 siguen en medio de los trámites. De estos, la Xunta pagará este año a unos 5.000 más o menos, «sacando el dinero de debajo de las piedras», según la propia conselleira. Según las cuentas de la Xunta, habrá 11.000 grandes dependientes que tendrán que esperar al 2010 para cobrar lo que se les prometió en el 2007.