Se cumplen 500 años desde el ascenso al trono de Enrique VIII en 1509. Tenía 19 años y gobernaría Inglaterra hasta 1547. Nuestros libros escolares destacaban que se había casado seis veces, saltándose la inexistencia del divorcio; que había hecho decapitar a algunas de sus mujeres y, sobre todo, su ruptura con Roma a causa de los ojos azules de Ana Bolena. Hoy, con menos condicionamientos educativos que en nuestra adolescencia -pues Catalina de Aragón, hija de Fernando el Católico, no quedaba muy bien parada-, seguramente podemos atender a algunos aspectos vitales más relevantes del personaje.
Uno, primordial, es que el poder -y en especial el de los soberanos autoritarios y absolutos- suele tener sus maneras de mostrarse, muy en función de la época y de las peculiaridades del país. No era lo mismo un príncipe medieval que un príncipe renacentista, y ya para entonces había escrito Maquiavelo su particular visión de las exigencias políticas del momento. Para André Maurois, un gran príncipe del Renacimiento es libertino, culto, magnífico y a menudo cruel. Enrique VIII fue todo esto, pero a la inglesa, es decir, que su «libertinaje se convirtió en conyugal, su cultura fue teológica y deportiva, su magnificencia de buen gusto, su crueldad legalmente impecable». Por medio, estaban las conveniencias políticas del momento, para las que los matrimonios eran un instrumento político más. Otro, no menos interesante -y que puede recordar bastante nuestro presente-, es el del enorme peso económico y político que tenía por entonces el Papado. La excomunión de 1533 y la consiguiente ruptura con Roma no fue un gran trauma para los obispos ingleses, ni exactamente un capricho del soberano, sino una manifestación de nacionalismo insular y lingüístico. El Parlamento inglés lo vio bien. El rey se sintió halagado por su Iglesia nacional. Y, de momento, ni Francisco I de Francia ni Carlos I de España ejercieron sanción alguna, como deseaba el Papa. Los más perjudicados fueron muchos bienes de la Iglesia, particularmente de los monasterios, que fueron nacionalizados. Como sucedería en 1789 en Francia y, en 1836, con la desamortización en España.