Mercedes Cabrera estima que fijar una norma en este caso puede crear problemas en vez de solucionarlos
25 nov 2008 . Actualizado a las 10:39 h.La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, se pronunció ayer en una visita a Ames sobre la sentencia que insta a la retirada de los crucifijos de un centro educativo de Valladolid. Cabrera defendió la «autonomía de los centros» para regular la presencia de símbolos religiosos y para otras cuestiones que atañen a su funcionamiento.
En base a este argumento, también señaló que no es partidaria de establecer una norma general para la retirada de crucifijos en las aulas porque, dijo, es la comunidad escolar la que conoce cuál es la mejor solución para este tipo de situaciones. Frente a esta autonomía y conocimiento, Cabrera afirmó que una norma general puede crear problemas en vez de solucionarlos.
La ministra señaló que que la ley de educación (LOE) es clara a la hora de establecer el derecho a una enseñanza laica, lo que motivó que muchos centros retirasen los símbolos religiosos. Y en base a este derecho, la ministra avaló el respaldo de los padres a solicitar la supresión de símbolos religiosos.
En una línea similar, aunque matizada, se pronunció la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, quien, además de apoyar la «autonomía» de los colegios, afirmó que en la práctica totalidad de los centros públicos de Galicia se han retirado de forma progresiva los símbolos religiosos, al igual que, por propia iniciativa de los colegios, se fueron eliminando los nombres que recordaban la época franquista.
La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa) considera que la supresión de crucifijos refleja una postura «intolerante al imponer una opción laicista». Su presidenta, Mercedes Coloma, lamentó el fallo judicial de Valladolid, ya que «la aconfesionalidad del Estado obliga a la neutralidad ante las opciones religiosas o agnósticas de los ciudadanos». «También hay que tener en cuenta la opinión de los padres que sí quieren tener los crucifijos en las aulas», estimó.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) señaló que la decisión judicial se enmarca en «una política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos».
Por su parte, la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) se manifestó en contra de la presencia de cualquier símbolo religioso en los centros educativos, si bien reconoció la autonomía de los consejos escolares de centro para tomar la decisión que crean conveniente en cada caso. El presidente de Ceapa, Pedro Rascón, indicó que la simbología religiosa, igual que las religiones, cualesquiera que sean, deben quedar «fuera del horario escolar».
El presidente de la Federación de Directores de Institutos Públicos de Secundaria (Fedadi), José Antonio Martínez, señaló que los centros públicos deben estar libres de símbolos religiosos o de cualquier otro tipo, por ejemplo políticos. A su juicio, «la escuela tiene una posición privilegiada para adoctrinar y no se puede hacer».
El sindicato de la enseñanza STES considera que la simbología religiosa debe desaparecer de todos los centros educativos públicos y también de los privados que reciben dinero público para su funcionamiento, «para contribuir a garantizar la libertad de conciencia».