comisión europea La UE expedienta a Galicia por no declarar zonas para proteger aves

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra Galicia «por no haber adoptado medidas suficientes para proteger la naturaleza». El organismo comunitario enviará una primera advertencia escrita por el incumplimiento de una sentencia de julio del pasado año del Tribunal Superior de Justicia de la UE que obligaba a la comunidad a ampliar las zonas de protección de aves (ZEPA), ya que consideraba que las catorce catalogadas actualmente son insuficientes. La actuación del órgano ejecutivo de la UE se dirige en su conjunto contra España, ya que, aparte de Galicia, tampoco se ha «cumplido la normativa en las regiones de Andalucía, Baleares, Cataluña y Valencia».

Mediante la carta de emplazamiento, la UE pide a España que presente sus observaciones en un plazo de dos meses. Si la respuesta no es satisfactoria, la Comisión enviará un dictamen motivado, que supone la última advertencia por escrito a partir de la cual se insta al Estado afectado a ajustarse a la normativa en un nuevo plazo de dos meses. Si no lo hace, se aplicará la sanción económica, que podría alcanzar varios millones de euros en función del tiempo en que la obligación siga sin acatarse.

El director xeral de Conservación da Natureza, Xosé Benito Reza, expresó ayer su «sorpresa» por el apercibimiento; en una reciente reunión con los representantes europeos y de otras comunidades, «quedaron satisfeitos das explicacións que lles demos e nós viñemos bastante confiados». En concreto, la Xunta comunicó la apertura del proceso administrativo para declarar mediante un decreto como zonas ZEPA una superficie de 10.383 hectáreas y otra de 22.510 de Pena Trevinca. En ambos casos, los proyectos ya pasaron a exposición pública. Pero mientras que en Pena Trevinca no existe mayor obstáculo que la lenta maquinaria administrativa, ya que la normativa aún pasará el próximo lunes al Consello Galego de Medio Ambiente para que en un mes lo apruebe el Consello da Xunta, con A Limia la situación se complica por la fuerte oposición vecinal al proyecto original.

Medio Ambiente y la Plataforma ZEPA Non llegaron a un compromiso para que la declaración no afecte a la actividad agraria y ganadera de la zona, para lo que antes de su aprobación será necesario aprobar el Plan Director de la Red Natura que delimite el uso de los espacios y haga compatible la actividad económica con la conservación a la que obliga Europa. Medio Ambiente cree que el problema se zanjará «satisfactoriamente sen ter que pagar».