La Fiscalía, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona solicitan más de un año de prisión para los padres de un alumno que agredieron a la directora, a una jefa de estudios y a una conserje del Colegio Eduard Marquina de Barcelona. Es la primera vez que la agresión a un docente se trata como un delito de atentado y no como una falta, al ser considerado el profesor un funcionario público en el ejercicio de su función.
Las tres partes de la acusación consideran que este endurecimiento de los castigos era preciso ante la necesidad de proteger un servicio público. En concreto, el fiscal pide un año y cuatro meses de cárcel; la Generalitat, un año y dos meses; y el Ayuntamiento -que ejerce la acusación en nombre de la conserje- coincide en el año y cuatro meses de la Fiscalía.
Los hechos del juicio que comenzó ayer en Barcelona sucedieron en octubre del 2006. Tanto la directora, María Dolors Cortadillas, como la jefa de estudios, Gloria Zaragoza, y la conserje, Carmen Prados, impidieron la entrada del hijo de los acusados, de 4 años, al centro, ya que los padres no habían pagado los cinco euros que les pedían por utilizar el servicio de guardería antes de las clases. Según el testimonio de las maestras, la madre del niño intentó meter al pequeño por la fuerza y, al comprobar que no podía, agredió a la jefa de estudios cogiéndola del cuello y las amenazó a las tres. Según los testigos, el marido jaleaba a su mujer con frases como «pégales, mátalas, ya las encontrarás en la calle».
Al parecer, las responsables del centro habían requerido en numerosas ocasiones a los padres que pagasen los cinco euros simbólicos por el servicio de guardería, que además aseguran que no les correspondía, ya que se creó solo para los niños con hermanos mayores en el centro. Por su parte, los padres negaron las agresiones y amenazas, y atribuyeron las acusaciones a un complot en su contra.
Este es el primer caso en el que el juez abre diligencias por un delito de atentado contra un docente, tras la instrucción dictada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su momento. El ejemplo ha cundido en otras autonomías, y en Galicia el fiscal jefe del TSXG también ha respondido favorablemente a los sindicatos en su solicitud de considerar atentado a la autoridad las agresiones al personal docente si este está ejerciendo su función.