La ex interventora niega que causara retrasos y los achaca a la escasez de medios del Concello
SANTIAGO
La situación económica del Concello ha estado en el ojo de la polémica en los últimos años, merced al retraso de los expedientes y de los propios presupuestos municipales, que en el ejercicio del 2008 fueron aprobados en junio. En el centro de la controversia ha estado la interventora municipal, Ana González, a la que el gobieno local ha responsabilizado de esa situación. La funcionaria, cuyo cese y nombramiento en otra función fue seguido de un contencioso-administrativo presentado por ella, rechazó la imputación y puso el punto de mira en el marco económico en el que ha tenido que moverse. González fue nombrada vicetesorera del Concello, una designación cuya fórmula rechaza por no atenerse, según su parecer, a la legalidad.
En el recurso de reposición que presentó contra el decreto del alcalde, al que ha tenido acceso este medio, González dibuja un panorama nada elogioso de los servicios económicos y aporta una serie de claves para entender los problemas existentes en el área y en el Concello.
La primera, que ella actuó durante un año sin el apoyo de un viceinterventor, imprescindible para las funciones de su puesto, sobre todo si se tienen en cuenta que los presupuestos municipales llevan parejos los de otras entidades y que el personal era insuficiente, «circunstancia que nadie cuestionaba durante los doce años en que ambos puestos estaban cubiertos», pero que se obvia cuando se le responsabiliza el incumplimiento de plazo del presupuesto del 2008 «que, por lo que parece, es competencia del interventor y no del equipo de gobierno».
El trabajo se le incrementó a Ana González con la puesta al día de la vinceinterventora. Posteriormente, la titular de vicetesorería cesa y ocupa la plaza de intervención: de nuevo es necesario, como en la vez anterior, poner al día a la nueva viceinterventora. Ana González plantea la necesidad de no demorar más la adaptación de la estructura del departamento de Intervención a la Ley de Grandes Ciudades, para una mayor eficacia administrativa.
Y llega el cese. «Todos estamos de acuerdo en tu competencia y honradez, pero tu forma de hacer está retrasando nuestros proyectos», le dice verbalmente el alcalde. La interventora lo niega. «No he hecho más que cumplir con las obligaciones del interventor..., que no están definidas por el alcalde, la Junta de Gobierno o el Pleno, sino por la Ley». Y lo hizo «superando la carencia de medios existentes con el esfuerzo personal y del resto de mi equipo». Prueba de ello, agrega, es que dejó «la contabilidad al día (salvo, claro está, los acuerdos adoptados sin consignación y la aprobación de reconocimientos de crédito».
Y si el retraso es por la fiscalización de los expedientes, la interventora cesada pone por delante que no había una cultura fiscalizadora, obligada por ley, y sí una confusión de «fiscalización con retraso o interrupción». Tras recalcar la obligatoriedad de emitir informe, la interventora comenta que son pocos los expedientes que llegan bien y listos para un dictamen inmediato. Por lo tanto, «el análisis debe versar sobre el motivo por el que Intervención recibe reiteradamente expedientes incompletos o no adecuados a la legalidad que obligan a Intervención a emitir informe negativo o de devolución al departamento gestor, y, por consiguiente, a informar de nuevo, y a veces en más de una ocasión, el mismo expediente. «Y la ley no la conoce o no la debe conocer solamente el Interventor», dice.
También hace hincapié González en el hecho de que multitud de expedientes llegan a Intervención para ser informados en un plazo de 3, 2 ó 1 día, con urgencia porque se acaba el plazo «aunque la previa tramitación en otro/s departamento/s haya durado, en ocasiones, meses».