Un a encuesta realizada por el Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) señala que las actuaciones más criticadas el año pasado en la ciudad fueron las cargas policiales, las vulneraciones del derecho de igualdad ante la ley y las sufridas en lo que tiene que ver con el derecho al honor, intimidad y a la propia imagen.
Por lo que respecta al mayor número de recursos presentados durante el 2008 por el Movemento, el Concello de O Grove, la Delegación del Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos fueron las que concentraron un mayor volumen de escritos de la asesoría jurídica de la asociación.
Según las conclusiones del informe presentado por la entidad, seis de cada diez gallegos consideran que las cargas policiales son desproporcionadas, situaciones que ejemplifican en las acciones contra las trabajadoras de la limpieza de Pontevedra, los mariscadores de O Burgo -que, indican, contaban con autorización de la Delegación del Gobierno para la manifestación-, contra los vecinos que protestaban contra la ampliación del área de seguridad de la Brilat de Figueirido, los estudiantes contrarios al Plan Bolonia y contra ciudadanos que defendían el gallego en A Coruña, entre otras.
El colectivo llama la atención sobre una investigación interna de la policía por una carga en Vigo, sobre la que, dicen, la Inspección de Persoal se negó a informar.
Por otro lado, indican que las cargas van acompañadas, cada vez más, de juicios rápidos en los que los cuerpos de seguridad «buscan conseguir unha sentenza antes de seren denunciados polos manifestantes». En este sentido, el MpDC recuerda que, además, el 54% de los gallegos consideran que la Justicia no es imparcial y favorece a los funcionarios policiales en estos casos.
«Por outro lado -añade la entidad de la que es portavoz Renato Núñez- a Delegación do Goberno non se cuestiona en ningún caso a actuación policial, incluso no caso da carga de Vigo, no que os axentes denunciaron aos manifestantes por agresión, pero non foron capaces de identificar ao ferido».
El MpDC propone la creación de una agencia para controlar las actuaciones policiales y lamenta la «nula utilidade» del Consello Autonómico de Seguridade Cidadán, que no ha sido convocado desde su constitución, aun a poco más de un mes de celebrarse el Xacobeo 2010.