El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arzúa ha archivado la denuncia presentada por la asociación de propietarios del terreno donde se construye el polígono industrial de O Pino contra el alcalde de este municipio, Manuel Taboada, y José Antonio Suárez Fernández, director territorial de la zona Noroeste de la empresa promotora del proyecto, Martinsa-Fadesa. La querella aludía a la concurrencia de los presuntos delitos de falsedad y prevaricación en el proceso de adquisición de terrenos del citado polígono. El auto judicial notificado el pasado lunes indica que «en la causa no resulta acreditado la perpetración de delito, pues no se infiere la concurrencia de los elementos integrantes del delito de falsedad documental ni tampoco del delito de prevaricación u otro contra la Administración Pública», por lo que decide el sobresimiento provisional y el archivo de esta causa.
La denuncia había sido presentada el pasado 20 de marzo por la citada asociación de propietarios, en la que se detalló la tramitación urbanística del citado polígono y se afirmó que en septiembre del 2006, por su propia voluntad sin informe técnico ni jurídico alguno, el alcalde dictó un decreto por el que ratificaba las compraventas privadas realizadas por Fadesa a distintos propietarios antes de presentarse el proyecto de expropiación.
Casi un año más tarde del proyecto de expropiación y más de dos y medio después de las primeras compraventas el alcalde «ratifica» un proceso emprendido dos años y medio antes, lo que le permite a Fadesa documentar sus compras como «convenios de adquisición por mutuo acuerdo», siempre según los denunciantes.
Se trata de 83 compraventas, treinta de ellas «por mutuo acuerdo» y en papel timbrado del Concello efectuadas «antes de la firma del contrato de adjudicación de la contratista Fadesa», aunque con números de expedientes distintos y sin liquidar el impuesto de transmisiones hasta enero del 2007. Figuran dos compras -de 18.000 y 32.000 metros- fuera del ámbito del polígono, aunque se incluyen en el proyecto de expropiación
Tales hechos fueron estimados por la asociación de propietarios como supuestamente constitutivos «de falsedad y prevaricación», por lo que formularon la correspondiente denuncia del caso.