Raxoi pedirá que no se ejecute la sentencia de las cámaras porque podrían reinstalarse enseguida
SANTIAGO
El Ayuntamiento no ha recibido la notificación de la resolución judicial que le obliga a retirar seis cámaras de videovigilancia del casco histórico en un plazo de diez días, a raíz de la denuncia presentada en su día por el Movemento polos Dereitos Civís. Tras conocer la existencia de ese fallo y de su plazo, el alcalde espera que la notificación llegue al Concello a principios de la semana que viene, pero el regidor da prácticamente por hecho que se recurrirá esa decisión, que no es firme, y para lo que se dispondrá de cinco días.
Pero la administración municipal no solo hará ejercicio de ese derecho, sino que también planteará una cuestión de «inexecución» de ese fallo. Según Xosé Sánchez Bugallo, la aplicación de esa resolución ocasionaría «un dano á administración sen utilidade», porque habría que asumir un gasto para retirar un servicio que al día siguiente se podría instalar de nuevo.
Según el regidor, todas las cámaras que funcionan en Santiago tienen autorización y el problema que se dirime ahora en la Justicia «vén dun momento en que se demorou a renovación da autorización que tiña que facerse cada seis meses», con lo que por un tiempo quedaron sin la cobertura de ese permiso. «Con retiralas hoxe non subsanamos o de hai uns anos, e sería un gasto importante, e eu parto da idea de que o Dereito ten sentido común, e a aplicación desta resolución debe telo». El fallo es del Contencioso número 1.