La Delegación del Gobierno informó que no es el órgano competente para autorizar nuevas cámaras
SANTIAGO
El Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) recibió una comunicación de la Delegación del Gobierno en la que no se considera órgano competente para autorizar la instalación de cámaras en el Consello de Contas. Según informó el colectivo, en su comunicación alega que dichos dispositivos se rigen por la Lei de Seguridade Privada.
Sin embargo, el MpDC acusa a la Delegación del Gobierno de «deixadez de funcións», ya que «se di non capaz de autorizar mais si de consentir que tales cámaras permanezan instaladas cando supoñen unha vulneración do dereito á imaxe, á honra e á intimidade persoal».
El colectivo social presentó un escrito en la Delegación del Gobierno y en la Agencia Española de Protección de Datos para conocer si el Consello tiene las autorizaciones necesarias y si está inscrito el fichero que contienen las imágenes y sonidos grabados por las cámaras. El MdDC pide asimismo que se le mantenga informado de las actuaciones que se realicen en relación con este asunto. Desde el Movemento se insiste en que la instalaciones de las cámaras de videovigilancia debe estar presidida por la proporcionalidad, es decir, debe justificarse fielmente que las cámaras tienen un finalidad concreta de seguridad ciudadana.
El Consello de Contas, según explica el Movemento polos Dereitos Civís, instaló las cámaras sin los preceptivos informes y autorizaciones exigidas por la ley. Por ello, Renato Núñez, portavoz del MpDC, considera que se está produciendo una vulneración del principio de legalidad. Apunta Renato Núñez que con la instalación de las cámaras en el exterior se está grabando a las personas que pasan por delante de este edificio, lo que vulnera su derecho a la intimidad.
Ante lo que el Movemento considera un atentado contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, este colectivo pide la retirada inmediata de las cámaras, tal y como hizo, en su momento, con las cámaras de videovigilancia instaladas en varias calles y plazas de Santiago por el Concello. Estos aparatos deberían ser retirados en los próximos días después de que el Movemento ingresara la fianza exigida por el juzgado.