El Movemento polos Dereitos Civís realizó el pago de la fianza de tres mil euros solicitada por el juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago, con el fin de que pueda hacerse efectiva la retirada de las cámaras de videovigilancia instaladas en Santiago por el Concello. Renato Núñez, portavoz del colectivo, explicó que el pago se realiza porque la entidad está «totalmente segura» de que el recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo saldrá nuevamente a favor del colectivo civil y, llegada esta sentencia, el Movemento recuperará el dinero.
Renato Núñez aclaró, a preguntas de los periodistas, que no es cierto que el Movemento tenga que pagar el coste de la retirada de las cámaras en el caso de que finalmente el Tribunal falle a favor del Ayuntamiento como indicaron los responsables municipales. Insistieron en que se trata de una sentencia judicial y que la fianza nada tiene que ver con esta cuestión.
El portavoz explicó que la cantidad de tres mil euros se recaudó con los donativos realizados por los ciudadanos y, además, dos directivos de la entidad entregaron algo más de mil euros de sus propios recursos. Lamentaron que se reclame a una entidad sin ánimo de lucro esta cantidad para conseguir que se cumpla una sentencia. De acuerdo con el portavoz del Movemento, ahora el Concello deberá retirar las seis cámaras de «forma inmediata». En el caso de que la Administración local no cumpla la orden judicial, el Movemento polos Dereitos Civís denunciará al Concello por «desobediencia» judicial. Recordaron que la Administración «tamén» tiene que cumplir las leyes y las sentencias.
Los responsables de la entidad insistieron en que el Ayuntamiento no ha demostrado la utilidad de las cámaras de videovigilancia y lamentaron que el recurso presentado ante el Supremo se base «exclusivamente» en que el Movemento polos Dereitos Civís no está legitimado para presentar estas denuncias.
Renato Núñez dijo que, ni ante el juez ni ahora en el recurso presentado ante el Supremo, presenta informes que avalen la presencia de las cámaras para reducir los índices de delincuencia ni para evitar actos vandálicos. Apuntaron que, en el caso de la praza do Toural, las cámaras instaladas no evitaron la rotura de las lunas de varios establecimientos y dos atracos. Tampoco permitieron identificar a los autores.
En la comparecencia se recordó que las acciones contra la instalación de las cámaras se inició hace seis años. La denuncia fue presentada porque las cámaras se colocaron sin la autorización de la Delegación de Goberno, que fue pedida posteriormente. Además, en varias ocasiones se solicitó fuera de plazo, según el colectivo, la renovación de los permisos que fueron concedidos. El portavoz del colectivo apuntó que solicitaron, en su día, una reunión con el alcalde para que les demostrara que las cámaras son «útiles», pero esta entrevista no ha sido concedida. Ahora, después de la sentencia, tampoco se produjo el encuentro y «solo presentouse o recurso».